El Gobierno de Costa Rica formalizó un nuevo canal de cooperación migratoria con Estados Unidos que podría reactivar el traslado de personas extranjeras hacia territorio nacional, bajo condiciones que, según las autoridades, respetan la legislación vigente y la soberanía del país.
El acuerdo fue suscrito por el presidente Rodrigo Chaves junto a la enviada especial del programa Escudo de las Américas, Kristi Noem, quien visita la región como parte de una gira enfocada en fortalecer alianzas migratorias en Centroamérica.
Un mecanismo flexible, pero bajo control local
El memorando establece que Estados Unidos podrá proponer el envío de migrantes no ciudadanos hacia Costa Rica, pero cada caso será analizado de forma individual por las autoridades nacionales. Esto significa que el país no está obligado a aceptar a todas las personas trasladadas.
De acuerdo con Casa Presidencial, el flujo estimado sería de hasta 25 personas por semana, aunque este número podría ajustarse dependiendo de la capacidad operativa del país y decisiones administrativas.
Las personas que eventualmente sean recibidas obtendrían una condición migratoria temporal mientras se resuelve su situación legal, en apego al marco jurídico costarricense.
Apoyo internacional y financiamiento externo
Uno de los puntos clave del acuerdo es que no implicaría un costo directo para el Estado costarricense. El esquema contempla financiamiento por parte de Estados Unidos, así como el respaldo logístico de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que brindaría servicios básicos como alojamiento, alimentación y atención humanitaria.
Este modelo busca evitar presiones adicionales sobre los recursos públicos, un tema sensible en discusiones anteriores sobre gestión migratoria en el país.
Un antecedente que marcó la discusión
La firma del memorando ocurre en un contexto reciente que todavía genera debate. En 2025, Costa Rica ya había recibido un grupo de migrantes trasladados desde Estados Unidos, quienes fueron ubicados en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM).
En aquella ocasión, la Sala Constitucional determinó que la retención de estas personas fue indebida, ordenando la liberación de cerca de 200 migrantes. El fallo también subrayó la obligación del Estado de garantizar derechos fundamentales y analizar cada caso de manera individual.
Ese precedente judicial se ha convertido en un punto de referencia clave para evaluar este nuevo acuerdo, especialmente en lo que respecta al respeto de derechos humanos y los límites legales de la detención migratoria.
Naturaleza del acuerdo y alcance regional
Aunque el memorando no es jurídicamente vinculante, sí establece un marco formal de cooperación que podría influir en la dinámica migratoria regional. La visita de Noem forma parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para coordinar con países de tránsito y destino en América Latina.
Para Costa Rica, el reto estará en equilibrar su tradición de respeto a los derechos humanos con las nuevas presiones migratorias y los compromisos internacionales que surjan de este tipo de acuerdos.
