Corte Plena Alerta sobre Falta de Recursos en Proyecto de Ley contra Celulares en Cárceles
Redacción
Publicado: septiembre 24, 2024
Un nuevo proyecto de ley destinado a sancionar la posesión y el ingreso de teléfonos celulares en las cárceles de Costa Rica está generando serias preocupaciones entre los magistrados de la Corte Plena. A pesar de reconocer las intenciones positivas detrás de la iniciativa, el expediente 24.323 carece del respaldo presupuestario necesario para su implementación.
El magistrado Gerardo Rubén Alfaro, miembro de la Sala de Casación Penal, subrayó que la propuesta introduce cinco nuevas figuras delictivas, lo que inevitablemente aumentará la carga laboral y económica del Poder Judicial. “No hay mención en la ley sobre de dónde provendrán los recursos para investigar, perseguir y juzgar estas nuevas infracciones”, advirtió Alfaro, quien también enfatizó que el Congreso está promoviendo leyes sin proporcionar los fondos requeridos.
Según los datos de 2023, el costo promedio para procesar un expediente penal asciende a ¢2.1 millones, lo que sugiere que la creación de nuevas tipificaciones delictivas podría incrementar significativamente los gastos del sistema judicial. Esta opinión fue compartida por representantes del Ministerio Público y la Defensa Pública, quienes también manifestaron su preocupación por el aumento de la carga de trabajo asociado a estas nuevas leyes.
Iris Rocío Rojas, magistrada de la Sala Primera, señaló que es crucial que este tipo de proyectos de ley vengan acompañados de los recursos necesarios y sugirió que se incluya un presupuesto específico para su aplicación.
El magistrado Alfaro también hizo hincapié en el aumento de las actividades delictivas relacionadas con el uso de teléfonos celulares en los centros penitenciarios, destacando que la introducción de tecnología en las cárceles promueve la delincuencia. Sin embargo, criticó ciertos aspectos técnicos de la iniciativa, como la falta de claridad sobre los beneficios penitenciarios que se perderían bajo las nuevas disposiciones.
Después de un análisis exhaustivo, la Corte Plena decidió aprobar el informe con 13 votos a favor y seis en contra, dejando en evidencia las tensiones entre la necesidad de legislar contra el crimen y la realidad de los recursos limitados disponibles para hacerlo.
