Por medio de un comunicado de prensa la constructora MECO se refirió a las acciones judiciales realizadas desde el pasado 14 de junio por el caso “Cochinilla”, en el que se investiga a funcionarios del Gobierno y de empresas privadas por la supuesta malversación de fondos destinados a la construcción de obra pública.
“Constructora MECO reitera su confianza en el sistema jurídico del país, según el cual las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, indica el comunicado.
“Constructora MECO cuenta con un equipo gerencial sólido y comprometido que se mantiene al frente de los proyectos, y desde que inició este proceso, ha venido tomando las decisiones necesarias en pro de la continuidad de la empresa y sus operaciones”, agrega el documento.
Resolución
La noche de este sábado la jueza Carolina Lizano del Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública del II Circuito Judicial dejó sin medidas de prisión preventiva a los investigados por el caso denominado por las autoridades como “Cochinilla”.
Luego de que la Fiscalía solicitara un año de prisión preventiva para los imputados, Lizano solo impuso medidas alternativas a los implicados.
Así las cosas, la propietaria de la constructora H. Solís, Mélida Solís, tendrá que pagar una fianza de $3 millones mientras que Carlos Cerdas, dueño de MECO, cancelará la suma de $5 millones.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), indica que en el expediente 19-000025-1218-PE se investigan los presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y estafa, en perjuicio del Estado, en contra de funcionarios públicos del Conavi, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Ministerio de Hacienda, así como de personas particulares de empresas constructoras.
La tesis que maneja el OIJ es que la aparente malversación de fondos generó un déficit de ₡78.000 millones, en detrimento de las finanzas públicas, entre los años 2018, 2019 y los primeros trimestres del 2020 informó el periódico La Nación.
