Congreso avanza en propuesta para desviar al OIJ de la Ley de Empleo Público
En un paso significativo, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso ha aprobado un proyecto de ley que busca excluir al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la Ley Marco de Empleo Público. Este proyecto, identificado bajo el expediente número 24.191, avanza en su tramitación y se dirigirá a discusión en el plenario legislativo.
Presentada en febrero, esta iniciativa pretende dotar al OIJ de recursos adicionales para frenar la salida de personal técnico y científico, un problema que ha afectado a la institución en los últimos años. De acuerdo con estadísticas del Poder Judicial, entre enero de 2017 y enero de 2024, se registraron 287 renuncias de funcionarios en diversas áreas del OIJ.
Randall Zúñiga López, director del OIJ, ha señalado que la institución se enfrenta a un desafío competitivo, lo que ha llevado a muchos profesionales a buscar oportunidades en otros lugares. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de reestructurar los recursos disponibles para atraer y retener talento.
Durante la sesión de este jueves, Pilar Cisneros Gallo, la única diputada de la Comisión que votó en contra del avance del proyecto, abogó por un debate más amplio antes de continuar con la tramitación. Cisneros, quien lidera el partido oficialista, solicitó una mesa de diálogo que ha sido aplazada en repetidas ocasiones.
Por su parte, la diputada independiente Gloria Navas Montero instó a sus colegas a seguir adelante con el proyecto, especialmente en un contexto donde el Poder Ejecutivo ha mostrado hostilidad hacia el Poder Judicial.
En un giro adicional, el presidente Rodrigo Chaves Robles ha amenazado con vetar esta propuesta si logra ser aprobada en el plenario. Chaves ha calificado la iniciativa de “ocurrencia” y ha advertido que es un abuso, aunque ha dejado claro que el Gobierno no está en contra del OIJ, sino que busca resultados rápidos.
En un contexto más positivo, recientemente se aprobó un incremento de recursos del 5% al 15% para el OIJ, derivados del impuesto a las personas jurídicas. Además, se legisló para eximir a la institución del pago del impuesto al valor agregado (IVA) en sus compras, lo que podría ayudar a mejorar su situación financiera.
Con estos movimientos legislativos, la discusión en torno al OIJ y su relación con el sistema judicial costarricense continúa siendo un tema candente, generando opiniones diversas entre los actores políticos y la sociedad.