El diputado Ariel Robles Barrantes, del Partido Frente Amplio (FA), presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y la Municipalidad de Golfito, por presuntas irregularidades en desalojos llevados a cabo en el sector de Pavones, en la zona sur del país.
Según el legislador, la intervención fue ejecutada sin cumplir los procedimientos legales correspondientes, como la notificación formal a las personas afectadas o el despliegue de un Plan de Acción Integral, lo cual generó un ambiente de inseguridad y desprotección social.
Denuncian falta de debido proceso y protección a población vulnerable
Robles calificó como preocupante que las autoridades hayan procedido a la demolición de viviendas y comercios sin haber emitido una advertencia oficial a las familias involucradas. Esto, señaló, deja en evidencia un irrespeto al derecho a la defensa y al debido proceso, establecidos en el Decreto Ejecutivo 39277, el cual obliga a implementar medidas de acompañamiento antes de ejecutar desalojos.
“El operativo dejó sin resguardo a adultos mayores, menores de edad y otras personas en condiciones de vulnerabilidad. Tampoco hubo presencia institucional que garantizara una atención digna”, expresó el diputado.
El recurso presentado solicita que se declare con lugar el amparo y se anulen todos los actos administrativos relacionados que no hayan respetado las garantías fundamentales de quienes fueron desplazados.
Municipalidad responde: “se respetó el proceso”
En respuesta a las críticas, el alcalde de Golfito, Freiner Lara Blanco, defendió la legalidad del operativo. Afirmó que la intervención se limitó a tres construcciones ubicadas dentro del derecho de vía en la comunidad de Río Claro de Pavones y no contemplaba la demolición de todo el poblado.
Lara aseguró que las edificaciones se encontraban sobre una carretera pública de 14 metros de ancho, contemplada en el Plan Regulador Sector Costero, y que no existía concesión aprobada para ocupar esos terrenos, ubicados en la Zona Marítimo Terrestre, propiedad del Estado.
“Los afectados únicamente presentaban solicitudes en trámite, lo cual no les otorga ningún derecho real o administrativo. Además, se respetó el derecho de defensa en todo momento”, sostuvo el alcalde.
Seguridad Pública se desmarca del conflicto
El Ministerio de Seguridad Pública tomó distancia del procedimiento y señaló que la responsabilidad de estos desalojos recae enteramente en la Municipalidad de Golfito, quien solicitó el acompañamiento de la fuerza pública únicamente como medida de seguridad durante la ejecución del operativo.
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