Una reciente auditoría interna encendió las alertas dentro del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, al determinar que la rebaja de la nota mínima del examen de excelencia académica —de 80 a 70 puntos— habría sido adoptada por la instancia incorrecta. Según el informe CA-AUI-024-25, la Junta Directiva carecía de competencia para realizar dicha modificación, la cual correspondía a la Asamblea General, conforme al Reglamento de Deontología Jurídica, Vigilancia y Excelencia Académica.
El documento, emitido el 22 de agosto de 2025, califica la medida como “probablemente improcedente” y advierte sobre una posible violación al principio de jerarquía normativa interna, ya que la nota original fue aprobada en asamblea.
Una decisión adoptada en un contexto político
La rebaja, acordada en febrero de este año y aplicada retroactivamente a una década, permitió la incorporación de cientos de nuevos abogados. Sin embargo, la medida ha generado debate dentro del gremio, principalmente porque coincide con un año electoral en el que la agrupación “Innovación” busca mantener el control del Colegio.
Aunque la modificación se presentó públicamente como un avance hacia la inclusión, algunos sectores internos consideran que el cambio tiene tintes políticos, pues fue impulsado por la misma corriente que años atrás instauró y fortaleció la exigencia del examen.
Advertencias previas y criterios técnicos
El informe de auditoría recuerda que tanto el Comité de Excelencia Académica como el Departamento Legal habían advertido, en al menos tres ocasiones, que cualquier modificación de la nota debía ser aprobada por la Asamblea. Uno de esos pronunciamientos, el oficio CE-008-2021, señalaba expresamente que las variaciones en el puntaje no podían hacerse al margen del reglamento.
Asimismo, la vicepresidenta del Colegio, Rosibel Jara Velásquez, había manifestado públicamente su preocupación por los efectos legales que podría generar la medida, incluyendo la nulidad de las incorporaciones si no se tramitaba una reforma reglamentaria.
Un cambio cuestionado por su impacto académico
Más allá del aspecto político, expertos en educación jurídica explican que el nuevo esquema de evaluación podría equivaler, en la práctica, a una nota efectiva cercana al 60 sobre 100, ya que el examen otorga 10 puntos automáticos por asistencia y cumplimiento de requisitos.
A esto se suman reclamos sobre la calidad de las preguntas en la última convocatoria, algunas de las cuales se encuentran actualmente en revisión o apelación. Para varios docentes universitarios, esto refleja una necesidad urgente de revisar los procesos académicos y técnicos que rigen la evaluación profesional.
La postura de los sectores críticos
Diversos abogados y abogadas han manifestado su desacuerdo con la forma en que se aprobó el cambio, aunque aclaran que no se oponen a los nuevos incorporados ni a sus derechos adquiridos.
El punto central —coinciden— es que la decisión careció de sustento normativo y fue adoptada sin consulta amplia al cuerpo colegiado, lo que pone en riesgo la credibilidad institucional del Colegio.
En redes sociales, varios agremiados han expresado su preocupación. La abogada Francine María Barboza Topping señaló que “el problema es que el Colegio lleva casi dos décadas bajo el mismo grupo, y eso impide una gestión imparcial”.
Por su parte, Ana Heitman Ardón consideró que “los nuevos colegas no tienen culpa alguna, pero el proceso de incorporación masiva se hizo sin la solemnidad ni el rigor que corresponde”.
Elecciones a la vista
El tema se produce a pocos meses de las elecciones internas del Colegio de Abogados, previstas para el 6 de diciembre de 2025.
La agrupación Innovación, que ha encabezado la institución por casi 18 años, busca nuevamente conservar la dirección. Este contexto ha llevado a varios sectores a cuestionar si la rebaja de la nota podría formar parte de una estrategia para captar simpatías entre los nuevos profesionales recién incorporados.
Un debate sobre transparencia y futuro institucional
Más allá del puntaje, la discusión ha reabierto un debate sobre el modelo de gobernanza interna del Colegio y la necesidad de equilibrar la apertura profesional con la exigencia académica.
Mientras tanto, el informe de auditoría sugiere revisar los procedimientos y restablecer la claridad en la aplicación del reglamento, con el fin de garantizar la legalidad y transparencia en las decisiones futuras.
Fuentes consultadas:
- Informe de Auditoría CA-AUI-024-25 (22 de agosto de 2025).
- Declaraciones de la Vicepresidencia del Colegio de Abogados.
- Oficios del Comité de Excelencia Académica (2021–2025).
- Publicaciones en Semanario Universidad y Diario Extra (10 de octubre de 2025).
