El proceso judicial contra el exmagistrado y exministro costarricense Celso Gamboa Sánchez sigue escalando en complejidad y alcance, luego de que autoridades estadounidenses ampliaran las acusaciones en su contra. Ahora no solo se le vincula con el envío de cocaína hacia Estados Unidos, sino también hacia mercados europeos, lo que evidencia una operación de carácter transnacional.
La Fiscalía del distrito este de Texas, adscrita al Departamento de Justicia de Estados Unidos, detalló que Gamboa habría participado en la coordinación de cargamentos de droga provenientes de Colombia, con un valor estimado en decenas de millones de dólares. Estas sustancias eran movilizadas a través de Centroamérica, utilizando a Costa Rica como punto estratégico de tránsito.
Un caso que trasciende fronteras
Según la acusación, el exfuncionario costarricense no operaba de forma aislada. Formaría parte de una red internacional que involucra múltiples países, incluyendo Colombia, Panamá, Guatemala, México y Honduras. En este entramado también figura Edwin Danney López Vega, quien enfrenta cargos similares por conspiración para fabricar y distribuir cocaína con destino final en territorio estadounidense.
Ambos imputados llegaron recientemente a Texas, donde deberán comparecer ante un tribunal federal este 24 de marzo, marcando el inicio formal del proceso judicial en su contra.
Estructura criminal sofisticada
Las investigaciones desarrolladas por la Administración de Control de Drogas y el Buró Federal de Investigaciones describen una organización con alta capacidad logística. El grupo habría utilizado lanchas rápidas, embarcaciones pesqueras, semisumergibles e incluso aeronaves para trasladar la droga desde laboratorios clandestinos en Sudamérica hacia el norte del continente.
Uno de los elementos más delicados del expediente es la supuesta utilización de contactos dentro de instituciones estatales para facilitar el paso de los cargamentos. De acuerdo con testimonios recopilados, Gamboa habría hecho alarde de sus antiguos cargos públicos para garantizar la seguridad de las operaciones.
Reuniones, rutas y millones en juego
Documentos judiciales señalan que en 2023 se realizaron encuentros en San José donde se discutieron rutas de narcotráfico hacia ciudades como Miami, Nueva York, Los Ángeles y Chicago, además de conexiones hacia Europa. En estas reuniones se utilizaban términos codificados para referirse a la droga y se negociaban precios según el destino.
Las autoridades también sostienen que el exmagistrado habría recibido pagos que oscilaban entre los 200.000 y 500.000 dólares por cada operación de transporte, además de participar directamente en la inversión de cargamentos marítimos.
Testimonios clave y decomisos
El expediente incluye declaraciones de testigos colaboradores que ubican a Gamboa en operaciones concretas. Uno de ellos asegura haber presenciado la recepción de varias toneladas de cocaína en Limón entre 2020 y 2022. Otro testimonio apunta a la entrega de aproximadamente 3.000 kilogramos en Honduras, así como al manejo de hasta 16 millones de dólares en ganancias ilícitas.
Además, fuentes confidenciales indican que parte del dinero habría sido lavado a través de estructuras aparentemente legales, incluyendo vínculos con actividades deportivas en el Caribe costarricense.
Conexiones con carteles internacionales
La investigación también vincula la estructura con organizaciones criminales de alto perfil como el Clan del Golfo en Colombia y el Cártel de Sinaloa en México, lo que refuerza la tesis de una red con alcance hemisférico.
El caso es llevado por el fiscal adjunto Wesley Wynne, quien meses atrás visitó Costa Rica en el marco de esta investigación y reconoció la colaboración del Organismo de Investigación Judicial.
Un expediente en desarrollo
La acusación formal contra Gamboa se remonta a julio de 2025, tras una orden de arresto emitida en octubre de 2024. Desde entonces, el caso ha evolucionado con nuevas pruebas, testimonios y hallazgos que amplían el alcance de la supuesta red criminal.
Las próximas audiencias serán clave para determinar el rumbo del proceso, en uno de los casos más sensibles que involucran a un exalto funcionario costarricense en tribunales internacionales.
