La Caja Costarricense de Seguro Social intensificó sus acciones de cobro contra el diputado electo del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos Umaña, tras solicitar el embargo de bienes legalmente embargables por una deuda que supera los ₡300 millones.
La gestión fue confirmada por el director de Cobros de la institución, Luis Diego Calderón, al medio Crhoy.com, quien detalló que el proceso ya se encuentra en fase de ejecución dentro de los mecanismos que la ley permite aplicar a contribuyentes morosos.
¿De cuánto es la deuda?
Según un informe de la Auditoría Interna de la CCSS, el monto pendiente asciende a ₡312 millones con corte al 20 de noviembre de 2025. La suma se divide en dos rubros:
- ₡149.481.333 correspondientes a obligaciones como patrono físico.
- ₡162.727.594 por cuotas en condición de trabajador independiente.
En el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), Villalobos aparece actualmente como patrono físico inactivo, pero trabajador independiente activo.
Procesos judiciales y dificultades para ubicarlo
El caso no es reciente. La institución ha tramitado al menos 21 procesos judiciales en su contra: 13 en etapa de ejecución y 8 con sentencia condenatoria. Sin embargo, uno de los principales obstáculos para avanzar en el cobro ha sido la dificultad para ubicarlo físicamente.
El informe de Auditoría detalla que no fue posible localizarlo mediante notificaciones físicas, en parte porque no registra bienes inmuebles a su nombre. Incluso, se señala que el servicio de Correos de Costa Rica no logró concretar la entrega de notificaciones, por lo que la CCSS optó por comunicarse al correo electrónico consignado en el Sicere para solicitar la actualización de datos y procurar la regularización de la morosidad.
Para la Auditoría, esa gestión resultó insuficiente para garantizar el cobro efectivo.
Notificación y riesgo de incobrabilidad
En diciembre de 2025, el propio Villalobos confirmó públicamente que fue notificado en su casa de habitación sobre la millonaria deuda. No obstante, la institución estuvo cerca de declarar parte del monto como irrecuperable, debido a la complejidad para ejecutar medidas de cobro ante la ausencia de bienes registrales a su nombre.
El caso adquiere mayor relevancia por tratarse de una figura pública de alcance nacional y abogado del presidente Rodrigo Chaves Robles, en un contexto donde la CCSS enfrenta presiones financieras y ha endurecido los controles contra la morosidad patronal e independiente.
El embargo solicitado representa uno de los mecanismos más fuertes dentro del proceso administrativo y judicial de cobro, y marca un nuevo capítulo en un expediente que se ha prolongado durante varios años en los tribunales costarricenses.
