El Tribunal Penal de Limón rechazó la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos contra el empresario limonense Gilberth Hernán Bell Fernández, de 62 años, conocido como “Macho Coca”, quien es investigado por presuntos vínculos con el tráfico internacional de cocaína.
La decisión judicial se fundamenta en un aspecto clave del marco legal costarricense: los hechos que se le atribuyen habrían ocurrido antes de que entrara en vigencia la reforma constitucional que permite la extradición de ciudadanos costarricenses por delitos relacionados con narcotráfico y terrorismo.
La reforma que cambió las reglas sobre extradición
Según detalla la resolución del tribunal, las autoridades estadounidenses señalan que los presuntos delitos habrían ocurrido entre marzo de 2022 y agosto de 2023.
Sin embargo, en Costa Rica la modificación constitucional que habilita la extradición de nacionales comenzó a regir hasta el 28 de mayo de 2025.
Debido a este elemento, los jueces concluyeron que la reforma no puede aplicarse de manera retroactiva, principio fundamental del derecho penal que impide aplicar normas más severas a hechos ocurridos antes de su entrada en vigor.
Bajo este criterio, el tribunal determinó que no es posible autorizar la entrega del empresario a las autoridades estadounidenses.
Investigación continuará en territorio costarricense
Estados Unidos había solicitado formalmente la extradición de Bell Fernández para que enfrentara cargos en una corte federal, donde se le investiga por supuesta conspiración para traficar cocaína hacia territorio estadounidense.
No obstante, tras la decisión del tribunal limonense, el empresario no será enviado a ese país.
El proceso ahora deberá continuar dentro del sistema judicial costarricense, donde las autoridades deberán determinar si existen elementos suficientes para abrir un juicio en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico internacional.
Fiscalía analiza si apelará la decisión
Luego de conocerse el fallo, el Ministerio Público informó que analizará en detalle la resolución emitida por el Tribunal Penal de Limón.
A partir de ese análisis, la Fiscalía deberá decidir si presenta un recurso de apelación para intentar revertir la decisión judicial.
Mientras se define ese paso procesal, el expediente continuará bajo investigación en Costa Rica, donde las autoridades deberán valorar las pruebas disponibles y definir el rumbo del caso dentro del marco legal nacional.
