El combate al crimen organizado en América Latina suma un nuevo capítulo con la designación del expresidente costarricense Carlos Alvarado Quesada como presidente del recién conformado Grupo Latinoamericano y del Caribe de Seguridad y Democracia (Glacsed). La iniciativa nace con el objetivo de promover respuestas coordinadas entre países de la región, apostando por soluciones que fortalezcan —y no debiliten— la institucionalidad democrática.
El anuncio se dio en el marco de un foro regional realizado en Guatemala, donde participaron exjefes de Estado, especialistas en seguridad y representantes de organizaciones civiles. El consenso fue claro: el crimen organizado ha evolucionado a una escala transnacional que supera la capacidad de reacción aislada de los Estados.
En los últimos años, la región ha enfrentado un incremento sostenido en delitos como la extorsión, el control territorial por parte de estructuras criminales y el fortalecimiento de redes dedicadas al narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de personas. Este escenario ha generado presión sobre los sistemas judiciales y policiales, así como tensiones políticas en varios países.
Frente a ese panorama, Glacsed plantea una hoja de ruta que incluye el intercambio de información estratégica, el diseño de políticas públicas articuladas y el acompañamiento técnico en reformas institucionales. La intención es impulsar medidas que enfrenten el delito sin comprometer el Estado de derecho ni abrir espacio a salidas autoritarias.
La plataforma cuenta con el respaldo técnico de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, entidad especializada en análisis y asesoría sobre fenómenos criminales complejos. Este apoyo será clave en la construcción de una estrategia regional proyectada hacia 2026.
El liderazgo del exmandatario costarricense coloca a Costa Rica nuevamente en un espacio de discusión internacional en materia de seguridad democrática, un tema que ha cobrado especial relevancia ante el aumento de la violencia en varios países del continente.
Sin embargo, el desafío será convertir las declaraciones de intención en acciones concretas. Las experiencias previas de cooperación regional han mostrado que los avances dependen no solo de la voluntad política, sino también de recursos, coordinación efectiva y continuidad en el tiempo.
La expectativa ahora gira en torno a la capacidad real de incidencia de esta nueva instancia. En una región donde las organizaciones criminales operan sin respetar fronteras, la apuesta por una respuesta conjunta y democrática podría marcar diferencia, siempre que logre traducirse en políticas sostenidas y resultados medibles.
