San José / Guanacaste — Todo comenzó con un permiso para cortar 748 árboles. El 9 de abril de 2026, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación otorgó a la empresa Enjoy Hotels & Resorts S.A. autorización para talar esa cantidad de árboles en playa Panamá, como parte del megaproyecto hotelero Bahía Papagayo. Ocho días después, el magistrado Fernando Cruz de la Sala Constitucional emitió una resolución en la que prohibió nuevos permisos de tala, suspendió autorizaciones de construcción y vedó actos administrativos del Minae, Setena e ICT en todo el Polo Turístico Golfo de Papagayo, mientras se resuelve una acción de inconstitucionalidad.
El efecto dominó fue inmediato. La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) hizo este lunes un llamado formal a la Sala Constitucional a valorar la proporcionalidad de las medidas y a emitir una resolución pronta que permita reactivar las inversiones en la zona.
Qué cuestionan las acciones de inconstitucionalidad
La medida cautelar no surge de la nada. Al menos dos acciones de inconstitucionalidad están en curso ante la Sala IV: una admitida en agosto de 2025 y otra en noviembre de ese mismo año, que cuestionan normas distintas pero relacionadas al Polo Turístico.
La Procuraduría General de la República ha advertido que el Decreto Ejecutivo N.° 44448 y dos incisos del Plan Maestro del ICT podrían ser contrarios a la Constitución. El decreto en cuestión permite la llamada «compensación de densidad», una figura que autoriza trasladar derechos de construcción entre fincas concesionadas aunque no sean colindantes. Los accionantes argumentan que eso viola el artículo 50 de la Constitución, que garantiza el derecho a un ambiente sano, y que el cambio se hizo sin estudios de capacidad de carga ni evaluaciones de impacto ambiental acumulativo.
Una paralización que va más allá del proyecto detonante
El problema que Canatur señala es que las medidas cautelares, dictadas en el marco de un caso específico, tienen un efecto que se extiende a todo el Polo Turístico. El director ejecutivo de Asopapagayo, Rodrigo Castro, que agrupa a los 30 desarrolladores de la zona, estimó el total de inversiones en $5.000 millones: unos $2.000 millones en proyectos ya en operación y $3.000 millones en iniciativas en desarrollo.
«Los $3.000 millones se ven paralizados y las reinversiones sobre los $2.000 millones iniciales también. Las medidas cautelares no paralizan solo ese proyecto, paralizan todo Papagayo», advirtió Castro.
El impacto en el empleo es la variable que el sector turístico ha puesto al frente del debate. Según datos de Canatur y Asopapagayo, el Polo genera cerca de 5.000 empleos directos y 13.500 indirectos, con aproximadamente un 90% de la fuerza laboral proveniente de la provincia de Guanacaste.
El magistrado Cruz respondió y se negó a ceder
Los concesionarios no solo pidieron aclaraciones. Asopapagayo presentó una «gestión urgentísima» ante la Sala IV para revertir las medidas y solicitó además la recusación del magistrado Cruz, argumentando que se basó en el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que está diseñado para recursos de amparo y no para acciones de inconstitucionalidad.
Cruz rechazó la recusación y la calificó de «atentado contra la libertad de expresión y contra el principio de independencia e imparcialidad del juez». Señaló además que la solicitud de recusación no llegó al inicio del proceso sino justo después de que él dictó la resolución que los concesionarios no comparten.
El ICT también pidió claridad, pero sin resultado
El ICT presentó el 22 de abril una gestión de adición y aclaración ante la Sala IV, argumentando que el alcance de las medidas no quedó suficientemente determinado, en particular si la moratoria aplica también a concesiones donde nunca se utilizó la figura de compensación de densidades cuestionada.
Esa solicitud tampoco ha tenido resolución a la fecha. Las dos acciones de inconstitucionalidad no tienen plazo definido de resolución, por lo que las medidas cautelares seguirán vigentes hasta que la Sala en pleno las modifique, las levante o resuelva el fondo del caso.
El fondo del conflicto: ambiente vs. desarrollo
Tanto el presidente saliente Rodrigo Chaves como la presidenta electa Laura Fernández arremetieron públicamente contra la resolución del magistrado Cruz, señalando que genera inseguridad jurídica en el sector turístico.
El presidente de Canatur, Martí Jiménez, evitó el enfrentamiento directo y apostó por el equilibrio: «Proteger el ambiente y promover el desarrollo no son objetivos excluyentes. Costa Rica ha demostrado que puede hacer ambas cosas, y ese debe seguir siendo el camino.»
La pregunta de fondo que el caso ha puesto sobre la mesa es si la arquitectura jurídica de cinco décadas con la que Costa Rica armó el Polo Turístico Golfo de Papagayo es compatible con los estándares constitucionales de protección ambiental que el propio país ha construido desde entonces. Esa respuesta solo la puede dar la Sala Constitucional en pleno, y por ahora no tiene fecha.
