Call center de estafas robó ₡125 millones: 23 detenidos cumplen prisión preventiva
Grupo operaba en varias provincias y su líder cumple otra condena en prisión
Un grupo de 23 personas enfrenta seis meses de prisión preventiva tras ser señalado como parte de una red de estafas telefónicas que operaba bajo el modelo de call center en distintas zonas del país.
Según las investigaciones del Ministerio Público, la organización sustrajo ₡125 millones de cuentas bancarias de seis víctimas, haciéndose pasar por funcionarios bancarios, municipales y empleadores.
Así operaba la organización criminal
Las autoridades detallaron que la red delictiva operaba en San José (La Sabana), Cartago, San Carlos y Guatuso, desde donde realizaban llamadas fraudulentas para obtener información bancaria de las víctimas.
Los estafadores utilizaban diversos métodos para engañar a los afectados:
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Se hacían pasar por funcionarios de bancos, municipalidades y empresas privadas.
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Solicitaban datos confidenciales bajo el pretexto de verificar información o prevenir fraudes.
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Enviaban enlaces maliciosos que permitían el acceso a las cuentas bancarias de las víctimas.
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Transferían el dinero a cuentas controladas por la organización y luego lo retiraban en cajeros automáticos.
Líder de la banda dirigía operaciones desde prisión
El supuesto cabecilla de la estructura, identificado como Tencio Rodríguez, ya se encontraba privado de libertad en el Centro Nacional de Atención Especializada, cumpliendo una condena por tentativa de homicidio calificado y robo agravado.
Las autoridades presumen que, pese a su encarcelamiento, continuaba coordinando las estafas desde su celda, lo que ha llevado a reforzar las investigaciones sobre el uso de teléfonos en centros penitenciarios para cometer delitos.
Detenciones y proceso judicial en curso
El pasado 27 de noviembre, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron una serie de allanamientos en las zonas donde operaban los estafadores, logrando la captura de los 23 sospechosos.
La medida de seis meses de prisión preventiva fue impuesta con el objetivo de evitar el riesgo de fuga y la posible continuidad de las operaciones fraudulentas. Esta medida vence el 27 de mayo, momento en el que el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga.
El caso sigue en investigación bajo el expediente 21-002236-0060-PE.