El Ministerio de Educación Pública (MEP) presentará esta semana una propuesta ante el Consejo Superior de Educación (CSE) con el objetivo de reformar la manera en que se evalúa la conducta estudiantil, incorporándola directamente en la calificación académica con una escala de 0 a 100.
La iniciativa, que entraría en vigor en el curso lectivo 2026, plantea que todos los estudiantes comiencen el año con una nota perfecta de 100 en conducta, la cual se reducirá en función de las faltas que cometan a lo largo del año escolar. Así lo explicó el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, en declaraciones recogidas por el medio CRHoy.
De acuerdo con Sánchez, el sistema contempla también la posibilidad de aplicar sanciones como la separación temporal del centro educativo, dependiendo de la gravedad de las faltas, las cuales serán clasificadas en distintas categorías —desde muy leves hasta gravísimas— por el propio CSE.
“En esos casos se aplica un proceso correctivo de carácter formativo, para que el estudiante corrija su comportamiento y evitemos que esas acciones se repitan”, señaló el jerarca educativo.
Sánchez afirmó que esta medida forma parte de una estrategia más amplia para “devolver autoridad al docente”, argumentando que “no podemos tener un sistema educativo en el que el estudiante decida qué se hace y qué no”.
Esta sería la segunda ocasión en que el MEP somete esta propuesta a consideración del CSE, luego de realizar ajustes a una versión anterior.
“La regulación de la conducta es apenas un componente dentro de un reglamento mucho más amplio”, agregó el ministro.
Especialistas advierten sobre necesidad de atender causas de fondo
La propuesta ha generado reacciones desde distintos sectores, incluyendo a profesionales en salud mental infantil y juvenil. Gabriela Garro Sáenz, psicóloga infantojuvenil y miembro del equipo técnico asesor de la campaña “Alto al Bullying y Ciberbullying” del Colegio de Profesionales en Psicología, advirtió que enfocarse únicamente en sanciones podría no resolver los problemas conductuales de raíz.
“El reglamento plantea sanciones diferenciadas para estudiantes que repitan faltas graves o gravísimas, incluso pudiendo llevar a la pérdida del curso lectivo. Sin embargo, enfocarse únicamente en medidas punitivas no resuelve el problema de fondo. Las conductas continuarán manifestándose de otras maneras si no se atienden las causas subyacentes”, explicó Garro a CRHoy.
Según la especialista, muchas de las conductas disruptivas en el aula son el reflejo de situaciones familiares y sociales más amplias. Fenómenos como el bullying, el ciberbullying, el ausentismo escolar, el consumo de sustancias, las conductas sexuales de riesgo y el creciente uso de vapeadores son parte del panorama cotidiano que enfrentan docentes y orientadores.
Garro también subrayó que los educadores enfrentan una alta carga administrativa, lo que limita su capacidad para brindar acompañamiento conductual a los estudiantes.
“Las familias necesitan apoyo, porque muchas conductas avanzan hasta que los chicos enfrentan situaciones del mundo por su cuenta, mientras los padres están presentes solo de forma pasiva. Es fundamental hablar con las familias y, al mismo tiempo, que los centros educativos, a través de los departamentos de orientación y profesores guías, brinden acompañamiento y recursos para fortalecer las competencias parentales”, añadió.
Finalmente, enfatizó que la prevención debe ir más allá del castigo:
“Hay que mirar más allá de la conducta como manifestación e identificar las necesidades emocionales de los adolescentes: seguridad, guía, escucha y acompañamiento (…) Las medidas punitivas pueden existir, pero no deben ser la única solución”.
