Bukele y la deportación de presuntos criminales venezolanos: ¿estrategia de poder o show mediático?
Redacción
Publicado: marzo 18, 2025
Un despliegue mediático con tintes políticos
El Salvador captó la atención internacional este fin de semana con la llegada de 261 presuntos criminales deportados por Estados Unidos. Las impactantes imágenes de los detenidos, encadenados y escoltados por agentes armados, marcaron una nueva exhibición del modelo de seguridad impulsado por el presidente Nayib Bukele.
La puesta en escena, cuidadosamente difundida por el gobierno salvadoreño, presentó a los deportados ingresando al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel diseñada para albergar a miles de reos bajo un estricto régimen de vigilancia.
¿Qué busca Bukele con esta acción?
El traslado de los 238 venezolanos, presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, y de 23 salvadoreños vinculados a la Mara Salvatrucha (MS-13), responde a una doble estrategia: consolidar su imagen como líder implacable en la lucha contra el crimen y fortalecer su relación con Estados Unidos.
Bukele, quien ha basado su popularidad en la drástica reducción de la criminalidad, no dudó en ironizar sobre la deportación con un mensaje en redes sociales: «Ups… demasiado tarde», en aparente referencia al intento de bloqueo judicial en EE.UU.
Un «gran amigo» de Estados Unidos
El expresidente Donald Trump utilizó una ley de guerra de 1798 para justificar la deportación de los reclusos. En respuesta, Bukele no solo aceptó recibirlos, sino que celebró la acción como un paso más en la lucha contra la delincuencia transnacional.
Al respecto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, elogió al mandatario salvadoreño, calificándolo como “el líder más fuerte en seguridad de la región” y “un gran amigo de Estados Unidos”.
Analistas políticos interpretan este gesto como un intento de Bukele por reforzar su legitimidad ante la administración estadounidense, especialmente en un contexto donde su método de seguridad es cuestionado por organismos de derechos humanos.
¿Un Guantánamo centroamericano?
Críticos del gobierno salvadoreño, como Human Rights Watch, advierten que esta maniobra podría convertir a El Salvador en una especie de “Guantánamo centroamericano”. El politólogo Napoleón Campos señala que la operación tiene el matiz de un “negocio de servicios carcelarios”, donde Washington pagará 6 millones de dólares por la manutención de los deportados durante un año.
Con más de 86.000 detenidos desde 2022 bajo el régimen de excepción, se estima que alrededor de 8.000 de ellos han sido arrestados sin pruebas suficientes. Esta situación ha generado preocupación a nivel internacional, con llamados a respetar el debido proceso y los derechos fundamentales.
