Bancos rechazan proyecto de ley que busca mayor responsabilidad en casos de estafa
Asociación Bancaria Costarricense califica la propuesta como riesgosa
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) ha manifestado su rechazo al proyecto de ley 23.908, impulsado por el diputado Óscar Izquierdo, el cual busca asignar mayor responsabilidad a las entidades bancarias en casos de fraude financiero.
Según la ABC, la iniciativa es una «medida simplista, irresponsable y riesgosa», ya que obligaría a los bancos a asumir automáticamente las pérdidas derivadas de las estafas, lo que podría afectar la seguridad del sistema financiero y facilitar el crecimiento de estructuras criminales.
Creciente preocupación por fraudes bancarios
Cada año, miles de costarricenses son víctimas de estafas bancarias a través de llamadas fraudulentas, correos electrónicos engañosos y enlaces falsos que suplantan a instituciones financieras.
Cifras alarmantes:
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En 2024, más de 4.000 personas fueron afectadas por fraudes financieros, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
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Millones de colones han sido sustraídos de las cuentas bancarias de las víctimas, sin que muchas de ellas logren recuperar su dinero.
Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC, advierte que trasladar la responsabilidad de estos fraudes a los bancos podría incentivar nuevas formas de delito:
“Al exigir que el banco pague, se abre la posibilidad de que surjan nuevas modalidades delictivas y se favorezca el financiamiento de organizaciones criminales”.
Experiencia en otros países: ¿es viable la medida?
La ABC ha señalado que iniciativas similares en otros países han generado un aumento exponencial de fraudes.
En Chile, una reforma aprobada en 2020 estableció la responsabilidad automática de los bancos en fraudes con tarjetas y transacciones electrónicas, con resultados preocupantes:
Impacto en Chile
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Según un informe del Banco Central de Chile, tras la aprobación de la ley, el fraude digital se duplicó en 2023 en comparación con 2022, alcanzando su punto más alto en la historia del país.
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Las pérdidas económicas por estos delitos se dispararon, generando mayores costos para la banca y los usuarios.
Víctimas de estafas exigen mayor protección
Mientras las entidades bancarias expresan su oposición al proyecto, un grupo de ciudadanos afectados por fraudes ha tomado la iniciativa de exigir cambios en la regulación financiera.
Bajo el nombre de «Gente Estafada en los Bancos de Costa Rica», esta agrupación busca asesorar a víctimas de fraude y presionar para que las entidades bancarias asuman mayor responsabilidad en la protección de los fondos de los clientes.
Uno de los casos más representativos es el de Carmen Rojas, quien en 2022 perdió ₡9.7 millones a causa de una estafa. La afectada señala que los bancos no han mostrado empatía ni soluciones concretas, lo que la motivó a unirse a la lucha por un marco legal más protector para los consumidores.
FUENTE DIARIO EXTRA