Aprobada la “Ley Alerta Kimberly”: Costa Rica da un paso firme para proteger a mujeres desaparecidas
Unanimidad legislativa respalda la creación de un protocolo nacional para la búsqueda inmediata de mujeres no localizadas
Con 43 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este martes, en segundo debate, la llamada “Ley Alerta Kimberly”, una normativa que tiene como objetivo activar de manera inmediata un protocolo nacional cuando una mujer mayor de edad desaparece en territorio costarricense.
La iniciativa, que recibió respaldo unánime de los legisladores presentes, contempla medidas obligatorias para instituciones públicas y medios de comunicación, buscando agilizar la respuesta del país ante este tipo de emergencias.
¿Qué establece la nueva legislación?
Un protocolo nacional para la acción inmediata
Con esta nueva ley, cuyo nombre honra la memoria de Kimberly Araya, madre asesinada en abril de 2024, se impulsa la creación de un Protocolo Nacional de Alerta y Rápida Acción que involucra directamente a entidades como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública y los medios de comunicación.
La jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo, impulsora del proyecto, explicó que la normativa establece obligaciones concretas para las instituciones ante casos de desaparición.
Obligación para medios y limitaciones de salida del país
Medidas de difusión y control fronterizo
Uno de los puntos más destacados es que los medios de comunicación deberán emitir alertas de manera gratuita y obligatoria cada vez que una mujer sea reportada como desaparecida. Estas alertas incluirán:
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Nombre completo
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Fotografía reciente
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Descripción de la vestimenta
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Último lugar donde fue vista
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Contactos para brindar información
Además, la ley contempla la posibilidad de prohibir temporalmente la salida del país de la mujer desaparecida si se sospecha que su integridad podría estar en riesgo.
Acceso a comunicaciones y sanciones por incumplimiento
Facultades especiales para investigaciones urgentes
En caso de sospechas fundadas, las autoridades podrán intervenir comunicaciones y acceder a documentos privados, con el fin de acelerar la búsqueda y esclarecer posibles responsabilidades.
Por otro lado, se establecen sanciones administrativas y penales para quienes incumplan la normativa:
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Multas de 5 a 30 días para quienes omitan reportar la desaparición.
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Inhabilitación de 1 a 4 años para funcionarios que retrasen o eviten cumplir su deber.
Reacciones en el plenario
Voces que defienden la prevención y el respeto a la vida
Durante la discusión, la diputada Gloria Navas, legisladora independiente, alzó su voz para recalcar la urgencia de actuar con sensibilidad y eficacia ante este tipo de casos.
“Yo reclamo respeto por esas vidas de mujeres. Debemos actuar de forma adecuada, decente y preventiva para evitar más tragedias”, manifestó con firmeza.
Lo que sigue
Firma presidencial y entrada en vigencia
Tras la aprobación legislativa, el proyecto de ley pasa ahora al Poder Ejecutivo para su firma y posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta, donde adquirirá rango de Ley de la República.