Alcaldes anuncian demanda contra el Estado por mantener la restricción vehicular sanitaria
A pesar de que el Tribunal Contencioso Administrativo determinó que la restricción vehicular es una medida “inadecuada e ineficaz” para evitar el contagio de Covid-19 el Gobierno insiste en que continúe vigente.
Un grupo de alcaldes y abogados anunciaron que presentarán esta semana una demanda contra el Gobierno por mantener la restricción vehicular sanitaria.
Esto, a pesar de que el Tribunal Contencioso Administrativo determinó en la sentencia Nº 552-2020 del 3 de noviembre que esta medida es “inadecuada e ineficaz” para evitar el contagio de Covid-19.
El alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, calificó de “prepotente” el accionar del Gobierno pese a la resolución del juez del Tribunal Contencioso Alcevith Godínez Prado.
“Me parece que es el acto más indignante y prepotente que un gobierno puede emitir contra una orden de un juez de la República. Es el peor mensaje que le puede mandar el Ejecutivo a los costarricenses, a los ciudadanos. ¿Con qué capacidad moral pretende el Ejecutivo llamar al respeto de las leyes, a llamar a no manifestarse en las calles, con qué criterio moral el Ejecutivo puede llamar la atención a los costarricenses en este momento después de semejante acto de prepotencia?”, indicó Barahona.
Además, el jerarca de la municipalidad de Escazú, hizo un llamado a los alcaldes, alcaldesas e intendentes de todo el país para que no se aplique más la restricción vehicular en sus cantones.
“El llamado que yo hago no es solo a todos los alcaldes e intendentes de este país, es un llamado también a todos los diputados y señoras diputadas de la Asamblea Legislativa. Las violaciones que se han venido dando bajo el pretexto de una declaración de emergencia son violaciones clarísimas a la Constitución Política y a los derechos de los ciudadanos. Se ha violentado el derecho a trabajar, a producir, a industrializar, a movilizarse”, indicó el funcionario.
José Pablo Badilla, quien es uno de los abogados del caso señaló que lo que buscan es el cese de una conducta pública que consideran “lesiva”.
“La demanda no solo va a reiterar los argumentos que ya se plasmaron de alguna forma en la medida cautelar, sino que los va a profundizar, va a extender nuevos argumentos y de manera definitiva vamos a impugnar todos y cada uno de los decretos ejecutivos que tienen que ver con la restricción vehicular pero no solo eso a nosotros también nos parece para este momento procesal histórico nos parece vital impugnar el decreto de emergencia”, indicó el jurista.
“Se va a hacer porque de alguna forma ese es el fundamento con base en el cual el Poder Ejecutivo ha venido violentando ya no solo la libertad ambulatoria que es tal vez el tema central de la restricción vehicular sanitaria sino otras libertades fundamentales”, agregó.
El viernes anterior, el Gobierno informó que la Procuraduría General de la República apeló a decisión del juez contencioso y reiteró que la restricción vehicular se mantiene.
La tarde de este lunes el Poder Ejecutivo insistió en que la restricción vehicular sanitaria es necesaria para mitigar la propagación del Covid-19. Esto en respuesta a una consulta enviada por la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, en la que solicitó una justificación técnica que sustente el mantenimiento de la medida.