La tensión entre la Municipalidad de Garabito y el Club Punta Leona ha alcanzado un punto crítico. Francisco González, alcalde de este cantón puntarenense, lanzó una advertencia clara: si para el miércoles 9 de julio no se restituye el acceso público a Playa Blanca y Playa Mantas, él mismo llegará el jueves con maquinaria municipal a abrir el paso.
Según González, el Club habría construido infraestructura sobre terrenos públicos, bloqueando el libre tránsito hacia dos de las playas más concurridas del Pacífico central. “Esto no es propiedad privada, estamos hablando de acceso a bienes de uso público. No necesito permisos judiciales para liberar zonas públicas”, aseveró el jerarca municipal, quien asegura contar con una resolución previa que avala su postura.
Créditos video: Rubén Rodriguez
¿Qué hay detrás del conflicto?
El conflicto no es nuevo. Las playas costarricenses, por ley, son de acceso libre en la zona marítimo-terrestre (los primeros 50 metros desde la marea alta). Sin embargo, el crecimiento turístico y la presencia de complejos privados como Punta Leona han complicado ese principio en la práctica.
En este caso específico, González acusa al resort de haber construido baños, terrazas, tanques y hasta un restaurante en zonas que, a su criterio, deberían ser de todos. Además, critica que las únicas rutas disponibles para ingresar a las playas no son accesibles para adultos mayores, personas con discapacidad o familias con niños, lo que restringe su uso efectivo.
“Nos dicen con sarcasmo que entremos en lancha o brincándonos las piedras. Eso no es acceso libre. No se vale”, expresó.
La respuesta de Punta Leona
Frente al ultimátum del alcalde, el Club Punta Leona no se quedó callado. Mediante un comunicado en redes sociales, advirtió que cualquier intento de demoler sus estructuras sin un debido proceso sería ilegal y violaría el artículo 45 de la Constitución, que protege el derecho a la propiedad privada.
“El ingreso forzoso o la destrucción de edificaciones construidas legalmente constituirían actos arbitrarios, con consecuencias penales, civiles y administrativas para quienes los ejecuten”, detalló la empresa, dejando claro que peleará el caso por la vía legal si es necesario.
Además, el club asegura que sus construcciones están dentro de su propiedad registrada y que no existen criterios técnicos ni jurídicos que avalen una demolición.
¿Qué dice la ley?
En Costa Rica, la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre establece que los primeros 50 metros desde la línea de pleamar son inalienables y de dominio público. Sin embargo, lo que ocurre más allá de esos 50 metros puede prestarse para interpretaciones diversas, especialmente si existe una calle pública que fue utilizada por privados para desarrollar accesos internos.
El alcalde asegura que, incluso por esa vía pública, podrían entrar a liberar el paso, aunque eso implique que el propio Club Punta Leona pierda acceso vehicular interno.
Antecedentes y próximos pasos
Este no sería el primer caso en que Francisco González toma acciones directas. En ocasiones anteriores ya se ha involucrado en la recuperación del Peñón de Guacalillo y de Playa Agujas, donde también se denunciaron invasiones al espacio público.
Aunque acepta que tocar propiedad privada podría traerle consecuencias legales, insiste en que solo actuará sobre terrenos públicos y que no permitirá que intereses particulares limiten el acceso de los costarricenses al mar.
Con un plazo que vence el próximo martes, el pulso entre el municipio y uno de los desarrollos turísticos más emblemáticos del país se juega sus últimos días en la mesa de negociación… o en el terreno con maquinaria incluida.
