Un nuevo ajuste salarial fue aprobado por el Gobierno de la República y comenzará a aplicarse a partir del 1° de abril de 2026. La medida está dirigida a los funcionarios del Gobierno Central que se ubican en los niveles más bajos de la escala salarial, con incrementos que podrían alcanzar hasta ₡20.000 mensuales.
La decisión impactará a más de 28.000 personas servidoras públicas y forma parte de una estrategia que, según el Ejecutivo, busca aliviar la situación de quienes perciben menores ingresos dentro del aparato estatal.
¿Cómo se distribuirá el aumento?
El plan establece un incremento fijo de ₡10.000 para quienes continúen bajo el esquema de salario compuesto y cuyo ingreso total no supere el salario global de referencia.
Adicionalmente, se otorgarán ₡10.000 más a aquellos trabajadores cuyo salario base sea igual o inferior a ₡514.600. En estos casos, el ajuste total podrá llegar a ₡20.000 mensuales.
Al tratarse de un monto fijo y no porcentual, el impacto será mayor en términos relativos para los puestos con ingresos más bajos.
Ejemplo concreto del ajuste
Un caso ilustrativo es el del puesto de Misceláneo de Servicio Civil 1. El salario base pasará de ₡287.000 a ₡307.000, lo que equivale a un incremento cercano al 7%. De acuerdo con datos oficiales, se trata del mayor ajuste de este tipo aplicado en más de una década para estos rangos salariales.
Sectores que se verán beneficiados
Entre los grupos que recibirán el aumento se encuentran aproximadamente 13.600 oficiales de la Fuerza Pública, del sistema penitenciario y de la Policía de Tránsito.
También se incluyen unos 5.100 funcionarios que desempeñan labores de apoyo operativo en centros educativos y otras dependencias públicas, 2.900 trabajadores de vigilancia institucional y cerca de 2.300 personas dedicadas a funciones administrativas y técnicas.
Además, alrededor de 6.500 empleados pasarán del esquema de salario compuesto al salario global, como parte de la transición que se ha venido implementando en el sector público.
El contexto económico
El Ejecutivo justificó la medida señalando que las finanzas públicas muestran estabilidad y que el comportamiento de la inflación ha permitido realizar este ajuste. Según cifras oficiales, el Índice de Precios al Consumidor acumuló en 2025 una variación de -1,23%, lo que refleja un entorno de inflación controlada e incluso reducción promedio en algunos precios.
En un escenario de contención del gasto y disciplina fiscal, el Gobierno sostiene que este incremento representa un esfuerzo focalizado en quienes enfrentan mayores limitaciones salariales dentro del sector público.
Con la entrada en vigencia en abril de 2026, miles de trabajadores verán reflejado el ajuste en sus ingresos mensuales, en un momento en que el costo de vida y la estabilidad económica continúan siendo temas centrales en la discusión nacional.
