Brenda Barattini recupera la libertad condicional: un caso que sigue marcando a la Justicia argentina

Siete años después del ataque que conmocionó a Córdoba y que derivó en una fuerte discusión pública sobre violencia, castigo y responsabilidad penal, la arquitecta Brenda Barattini vuelve a estar en el centro de la atención. Condenada en 2019 a 13 años de prisión por mutilar los genitales de su amante, dejó el penal de Bouwer tras obtener la libertad condicional, una decisión que generó debate dentro y fuera de la provincia.

El beneficio fue otorgado esta semana por el Juzgado de Ejecución luego de analizar un conjunto de informes psicológicos, académicos y de conducta elaborados dentro de la cárcel. Según resolvió el juez Facundo Moyano Centeno, Barattini cumplió los requisitos para acceder a la salida anticipada gracias al cúmulo de cursos, estudios universitarios y actividades laborales que realizó durante su reclusión, lo que permitió descontarle más de diez meses de la pena original.

Con la libertad condicional aprobada, la arquitecta regresó a Comodoro Rivadavia, su ciudad natal, donde deberá asentarse de manera permanente. La Justicia fijó reglas estrictas: control mensual en la Agencia de Supervisión, tratamiento psicológico ambulatorio y una orden de restricción que la mantiene a más de mil metros de cualquier lugar frecuentado por la víctima, quien actualmente no vive en la región patagónica. El incumplimiento de una sola de estas condiciones podría revocar el beneficio y enviarla nuevamente a prisión hasta el final de la pena, previsto para noviembre de 2030.

El caso que la llevó a prisión continúa siendo uno de los episodios más duros registrados en Nueva Córdoba. La noche del 25 de noviembre de 2017, durante un encuentro íntimo en su departamento, Barattini atacó a su amante con una tijera de podar que había escondido previamente debajo de la cama. El hombre, con los ojos vendados, sufrió una mutilación casi total del pene. Logró escapar, pedir ayuda y recibir atención inmediata de una vecina enfermera que evitó que muriera desangrado.

La investigación posterior fue clave para definir el rumbo del juicio: los peritos hallaron la tijera en la vivienda, junto con anotaciones personales, cartas y material digital que, según la fiscalía, daban cuenta de una planificación del ataque. La hipótesis de un abuso previo planteada por la defensa no prosperó, y el tribunal —integrado por Mónica Traballini, Ítalo Vitozzi y Mario Centeno— terminó calificando el hecho como “tentativa de homicidio”.

Además de la pena de prisión, la Justicia civil ordenó a Barattini indemnizar económicamente a la víctima tras aceptar parte de la demanda presentada en paralelo al proceso penal. Para muchos especialistas en derecho penal argentino, este caso se transformó en un punto de análisis sobre el rol de las pruebas digitales, la valoración del contexto íntimo y la figura de tentativa de homicidio aplicada a agresiones graves en relaciones no formalizadas.

Hoy, la discusión gira en torno al futuro de Barattini fuera de la cárcel. Aunque legalmente puede reconstruir su vida laboral y familiar junto a su madre en Chubut, su conducta estará monitoreada de cerca durante los próximos cinco años. En Argentina, la libertad condicional no borra la condena: abre una ventana controlada para evaluar si la persona puede reinsertarse sin representar un riesgo.

El caso sigue siendo uno de los más recordados y analizados de la última década en Córdoba, tanto por la crudeza del ataque como por el debate social que provocó. La salida de Barattini, aunque prevista en la ley, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cómo logra un sistema penitenciario equilibrar el derecho a la reinserción con el impacto que estos hechos dejaron en la sociedad y, sobre todo, en las víctimas?