Ataques de EE. UU. en el Caribe se basarían en afirmaciones de Trump sobre narcotráfico, según memo del Departamento de Justicia revelado por NYT
Un memorándum interno del Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuya existencia salió a la luz gracias a una investigación del New York Times, expone la arquitectura legal que habría permitido al presidente Donald Trump autorizar decenas de ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. El documento, de unas 40 páginas, no solo detalla el razonamiento jurídico, sino que también deja en evidencia que esa estrategia militar parte, en gran medida, de afirmaciones hechas por el propio mandatario y su equipo más cercano.
Aunque la Casa Blanca ha mostrado con frecuencia videos y reportes de las operaciones —que ya sumarían más de 80 fallecidos—, hasta ahora no se conocía el análisis jurídico en el que se sostiene la campaña. Según fuentes citadas por el NYT, que accedieron al texto bajo anonimato, el memorándum fue concluido a finales del verano estadounidense y constituye la base para calificar las lanchas interceptadas como “objetivos militares legítimos”.
Una narrativa construida desde el Ejecutivo
El documento arranca con una recopilación de argumentos presentados por la Casa Blanca: que los cárteles de la droga buscan “intencionalmente matar estadounidenses”, que representan una amenaza directa para la estabilidad del hemisferio y que operan como actores bélicos. A partir de esa premisa, el memo concluye que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” contra grupos catalogados como “narco-terroristas”.
Ese concepto, aunque polémico en el derecho internacional, permite justificar el uso de fuerza letal sin necesidad de que exista una declaración formal de guerra. Para el Departamento de Justicia, las embarcaciones utilizadas para el transporte de drogas pueden tratarse como blancos militares porque su carga genera ingresos que financian “actividades hostiles”.
El análisis también dedica espacio a blindar jurídicamente a soldados y funcionarios, señalando que, si actúan bajo órdenes válidas en medio de un conflicto reconocido, gozarían de inmunidad internacional frente a potenciales procesos penales.
El papel del Congreso y la frontera de lo legal
Otra de las conclusiones del memo es que Trump no necesitaría aprobación del Congreso para ordenar estas acciones. Según esta interpretación, el presidente puede dirigir operaciones “limitadas” sin que esto constituya una guerra en sentido constitucional. Además, el texto sostiene que la Ley de Poderes de Guerra de 1973 no aplicaría, pues los ataques no implicarían riesgo para tropas estadounidenses y, por tanto, no se consideran “hostilidades”.
Este enfoque jurídico genera preocupación entre expertos en relaciones internacionales, pues abre la puerta a un uso más amplio del poder ejecutivo en temas bélicos, sin controles legislativos claros. Algunos especialistas consultados por medios estadounidenses advierten que esta lectura podría tensar el equilibrio de poderes en Washington y establecer precedentes difíciles de revertir.
Señalamientos, denuncias y una posible expansión hacia Venezuela
El New York Times también señala que, mientras la ofensiva continúa, han surgido denuncias internacionales por posibles crímenes de guerra. Los ataques más recientes en el Pacífico dejaron al menos 14 personas fallecidas, según reportes oficiales.
En paralelo, voces dentro del mismo gobierno estadounidense han planteado la posibilidad de ampliar la campaña hacia territorio firme, particularmente en Venezuela. La administración Trump ha acusado repetidamente al presidente Nicolás Maduro de liderar un “cartel narco-terrorista”, y el reciente despliegue de buques con capacidad ofensiva refuerza la idea de que Washington valora nuevos escenarios.
No obstante, cualquier intervención terrestre requeriría un nuevo análisis legal, ya que el memorándum filtrado no contempla operaciones dentro de otro país. Aun así, el tema no es ajeno al discurso de Trump, quien ha insinuado en varias ocasiones que Venezuela podría ser una próxima frontera en su estrategia contra el narcotráfico.
