Régimen de Ortega despoja de nacionalidad y bienes a 135 expresos políticos en Nicaragua
Redacción
Publicado: septiembre 10, 2024
En un nuevo golpe contra la oposición, el gobierno nicaragüense liderado por Daniel Ortega anunció este martes la retirada de la nacionalidad y la confiscación de los bienes de 135 expresos políticos que fueron exiliados a Guatemala la semana pasada tras la intervención de Estados Unidos. Las autoridades del régimen los acusaron de cometer delitos contra la soberanía del país.
El poder judicial, señalado de actuar bajo las órdenes de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, emitió la resolución que privó de la nacionalidad a los 135 opositores. Además, dispuso el decomiso de sus bienes, según un comunicado oficial. Esta decisión se suma a las continuas acciones represivas del gobierno, que han aumentado desde las protestas de 2018, en las que murieron más de 300 personas, según cifras de la ONU.
La medida se enmarca en un contexto de creciente represión, en el que más de 451 opositores han sido despojados de su nacionalidad solo en 2023. Entre los exiliados se encuentran líderes religiosos, estudiantes y miembros de organizaciones civiles, a quienes Ortega considera una amenaza para su régimen autoritario.
El pasado jueves, los 135 expresos fueron liberados bajo la mediación de Estados Unidos y enviados a Guatemala por razones humanitarias. La Casa Blanca celebró la liberación, destacando que entre los liberados había miembros de la organización evangélica Mountain Gateway, así como católicos laicos y otras personas que el régimen de Ortega ha catalogado como opositores.
La ONU también se pronunció este martes contra una reciente ley aprobada por el parlamento nicaragüense, controlado por el oficialismo, advirtiendo que podría incrementar la represión contra los nicaragüenses en el exilio. La organización internacional instó a la comunidad global a proteger los derechos de los exiliados.
Ortega, quien volvió al poder en 2007 tras haber gobernado en la década de 1980 luego de la Revolución Sandinista, enfrenta acusaciones de instaurar un régimen dictatorial, reprimiendo duramente a críticos, activistas y miembros de la iglesia católica. En los últimos años, su gobierno ha cerrado más de 5.500 organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas vinculadas a la religión.
