El operativo militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe desde agosto del 2025 no solo ha elevado la tensión con Venezuela; también ha reordenado el tablero político de América Latina. Mientras Washington insiste en que su presencia naval y aérea responde exclusivamente a la lucha contra el narcotráfico, varios gobiernos del continente han decidido respaldar la iniciativa, ya sea con apoyo logístico, coordinación bilateral o declaraciones políticas. Otros, en cambio, ven en estas maniobras una escalada riesgosa en la región.
El despliegue, impulsado por la administración del presidente Donald Trump, incluye al portaaviones más grande de la flota estadounidense, el USS Gerald R. Ford, y constituye la presencia militar más contundente en el Caribe desde la Guerra del Golfo. La operación, conocida en el Pentágono como Lanza del Sur, genera adhesiones diversas en países que ven en ella una oportunidad para reforzar su lucha interna contra el crimen organizado.
Apoyos más firmes: Trinidad y Tobago, Guyana y El Salvador
De todos los respaldos, el más explícito ha provenido de Trinidad y Tobago. Su primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, no solo celebró la llegada de fuerzas estadounidenses, sino que defendió públicamente la necesidad de profundizar los ejercicios en territorio trinitense. Para su gobierno, la operación es una herramienta directa para enfrentar el poderío de las organizaciones criminales en el Caribe. Las maniobras continúan a pesar de las críticas de Caracas, que las califica de provocación.
Guyana también se sumó temprano al bloque de apoyo. Para el gobierno guyanés, la cooperación con Washington es esencial para frenar el avance de redes criminales transnacionales. El país expresó inquietud por la influencia de grupos señalados por EE. UU., como el denominado Cártel de los Soles, al que atribuyen vínculos dentro del alto mando venezolano, acusación que el gobierno de Maduro rechaza de manera categórica.
En Centroamérica, El Salvador aparece como un punto clave. Imágenes satelitales y fotografías divulgadas por medios estadounidenses confirmaron la presencia de aeronaves AC-130J —equipadas con artillería pesada— operando desde la base de Comalapa. Aunque Nayib Bukele ha evitado pronunciamientos directos sobre el despliegue, la cercanía política entre su gobierno y la Casa Blanca deja poco margen para la interpretación.
Panamá, República Dominicana y Puerto Rico: cooperación estructural
Panamá ha tratado de desmarcarse del tono beligerante que rodea al operativo. El presidente José Raúl Mulino explicó que los ejercicios militares con Estados Unidos se desarrollan en el marco de acuerdos bilaterales vigentes y no como un gesto hostil hacia Venezuela. Ambos países firmaron en abril un memorando que amplía la presencia estadounidense en bases aéreas y navales panameñas.
República Dominicana, por su parte, ha profundizado su trabajo conjunto con la DEA, y parte de las incautaciones recientes de drogas ha estado vinculada con operativos de apoyo a Lanza del Sur. El presidente Luis Abinader anunció nuevas fases de cooperación para frenar el tráfico regional.
Puerto Rico, aunque no es un país independiente, se ha convertido en el centro logístico del despliegue. Varias bases estadounidenses trasladaron personal y equipamiento a la isla, donde se han realizado prácticas de desembarco anfibio. La Administración Federal de Aviación emitió alertas debido al aumento sustancial del movimiento militar, vigente hasta febrero del 2026.
Respaldo político desde Sudamérica
Además del apoyo operativo, el despliegue ha generado adhesiones políticas. Ecuador, Paraguay y Argentina declararon como organización terrorista al Cártel de los Soles, alineándose con la postura de Washington. Para estos gobiernos, la clasificación busca reforzar mecanismos regionales contra el crimen transnacional, aunque en la práctica también los posiciona del lado estadounidense en la disputa diplomática con Caracas.
Un escenario que seguirá moviéndose
El conflicto discursivo entre Maduro y Trump mantiene su propio ritmo, y el despliegue militar abre una nueva etapa en la geopolítica del continente. Mientras algunos gobiernos ven en la operación una oportunidad para fortalecer alianzas y mejorar su capacidad operativa contra el narcotráfico, otros temen que la presencia militar estadounidense escale hacia un conflicto mayor.
Latinoamérica vuelve a acomodarse entre presiones, intereses y cálculos estratégicos, en un momento donde la seguridad regional comienza a definirse no solo en las mesas diplomáticas, sino también en el mar Caribe.
