Lo que para muchos padres es un gesto de apoyo hacia un hijo adulto —firmar como garante para que pueda estrenar carro— terminó convirtiéndose en un serio problema económico para una familia de Bahía Blanca, en Argentina. El caso ha llamado la atención en redes sociales y vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de asumir responsabilidades crediticias por terceros, incluso cuando se trata de familiares cercanos.
La protagonista de la historia es Liliana Inés Etcheverry, de 56 años, quien junto a su esposo aceptó en 2020 respaldar la compra de un vehículo 0 kilómetros para su hijo. Era plena pandemia y, como en muchos hogares, la idea de contar con un medio de transporte propio parecía una inversión razonable. Lo que no imaginaron era el impacto que tendría el incumplimiento de los pagos.
De apoyo familiar a carga financiera
Según el relato de la mujer, su hijo solo habría cubierto unas pocas cuotas iniciales y luego dejó de pagar. Con el paso de los meses, la concesionaria comenzó a contactar a los garantes, es decir, a los padres. Ahí entendieron que la responsabilidad legal recaía sobre ellos.
La familia decidió entonces asumir la deuda para evitar mayores problemas. Sin embargo, la situación se fue complicando. El vehículo, que funcionaba como respaldo de la operación, sufrió un choque y terminó fuera de circulación, lo que redujo el valor de la garantía.
A partir de ese momento, los padres empezaron a hacer pagos parciales para responder al compromiso. Primero sumas millonarias en pesos argentinos que, pese al esfuerzo, no lograron frenar el crecimiento de la deuda.
Intereses que disparan el monto
El punto más crítico llegó cuando, al intentar regularizar la situación, se encontraron con un reclamo que, según su versión, alcanzaba los 200 millones de pesos argentinos. La cifra, explican, estaría influida por intereses acumulados que rondarían el 400% anual.
Para la familia, el monto es sencillamente impagable. Por eso Liliana decidió contar su caso públicamente y pedir orientación legal, señalando que la asesoría que habían tenido hasta ahora no les dio soluciones favorables.
Más allá de un caso individual
Aunque esta historia se desarrolla en Argentina y en un contexto económico particular, deja lecciones que aplican en cualquier país, incluida Costa Rica. Firmar como garante no es un simple trámite: implica asumir la obligación de pago si el deudor principal falla.
Expertos financieros suelen advertir que ser garante equivale, en la práctica, a adquirir la deuda como propia. Si la otra persona no paga, la entidad acreedora tiene todo el derecho de cobrar al garante, aplicar intereses, iniciar procesos de embargo o afectar el historial crediticio.
Un llamado a la cautela
Este tipo de situaciones también refleja cómo los vínculos familiares pueden mezclarse con decisiones financieras de alto riesgo. Muchas veces se firma por confianza o por cariño, sin dimensionar las consecuencias legales y económicas.
El caso de Bahía Blanca sirve como recordatorio de que antes de respaldar un crédito ajeno conviene revisar contratos, entender las tasas de interés, consultar asesoría independiente y, sobre todo, evaluar si se está en capacidad real de asumir la deuda en el peor escenario.
Porque cuando se trata de créditos, la buena intención no siempre alcanza para evitar un problema grande. Y una firma puede terminar pesando durante años.
