Caso Crucitas resuelto: Costa Rica se salva de pagar millonaria indemnización a empresa canadiense
Redacción
Publicado: julio 17, 2024
Después de más de una década de disputas legales, el arbitraje internacional sobre el caso Crucitas ha llegado a su fin, con un fallo favorable para Costa Rica. La empresa canadiense Infinito Gold Ltd. había demandado al Estado costarricense, buscando una indemnización de $394,8 millones debido a la cancelación de su proyecto de minería a cielo abierto en Crucitas. Sin embargo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló a favor de Costa Rica, eximiendo al país de pagar la exorbitante suma.
La controversia se remonta a 1993, cuando Infinito Gold obtuvo su primer permiso de exploración en Crucitas, situado en el distrito de Cutris, cantón de San Carlos. Esta autorización fue prorrogada hasta 1999, durante la cual la empresa realizó estudios para determinar la cantidad de oro presente en el área. Tras una década de inactividad, la compañía, bajo el nombre de Industrias Infinito Sociedad Anónima, reanudó operaciones en 2010 con el respaldo de una declaratoria de Interés Público emitida por la Administración Arias Sánchez, cubriendo una extensión de 305,90 hectáreas.
No obstante, la reactivación del proyecto desató fuertes protestas de grupos ambientalistas, y pronto comenzaron los procesos judiciales que culminaron en la ilegalización de la minería a cielo abierto en el país. En 2004, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra la concesión minera, señalando una violación al derecho constitucional a un ambiente sano. Pese a esto, en 2005, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) otorgó viabilidad ambiental al proyecto Crucitas por diez años.
El proyecto recibió un impulso significativo en 2008 cuando el entonces presidente Óscar Arias y el ministro de Ambiente Roberto Dobles firmaron un decreto declarando de interés público el proyecto minero. Sin embargo, esta medida fue rápidamente impugnada y anulada en 2010 por el Tribunal Contencioso Administrativo, que también ordenó reparaciones por daños ambientales.
En 2014, Infinito Gold respondió demandando a Costa Rica por $94 millones, cifra que luego aumentó a $394 millones. La empresa argumentó que las decisiones judiciales violaban un acuerdo bilateral de inversiones entre Costa Rica y Canadá, así como el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados. No obstante, en junio de 2021, el Ciadi falló en contra de la empresa canadiense y rechazó su demanda de indemnización.
En un último intento, Infinito Gold solicitó la anulación del laudo en octubre de 2021, pero casi tres años después, el Ciadi reafirmó su decisión inicial, concluyendo definitivamente el caso Crucitas con un fallo favorable para Costa Rica. Este desenlace marca el cierre de una prolongada batalla legal, consolidando la victoria del Estado costarricense en su lucha por la protección ambiental y la soberanía sobre sus recursos naturales.
