El gobierno de Singapur anunció una controvertida política educativa que permitirá aplicar castigos físicos a estudiantes como parte de las medidas disciplinarias contra casos graves de bullying y otras faltas consideradas severas dentro de los centros educativos.
La disposición comenzará a implementarse a partir de 2027 y autoriza que ciertos alumnos varones reciban hasta tres golpes con una vara como sanción disciplinaria, siempre bajo autorización formal de las autoridades escolares.
La decisión provocó un intenso debate internacional sobre los límites de la disciplina escolar, los derechos de los menores y la efectividad del castigo físico dentro de los sistemas educativos modernos.
El ministro de Educación de Singapur, Desmond Lee, defendió la medida ante el Parlamento y aseguró que el castigo corporal será utilizado únicamente en situaciones consideradas extremas.
Según explicó, la sanción solo podrá aplicarse “si todas las demás medidas resultan insuficientes” y deberá contar con aprobación directa del director del centro educativo.
Además, únicamente profesores específicamente autorizados podrán ejecutar el castigo.
La normativa establece que los estudiantes elegibles serán únicamente hombres mayores de nueve años, específicamente alumnos de los últimos niveles de primaria y secundaria.
En el caso de las mujeres, la legislación prohíbe expresamente el castigo físico. En su lugar, las estudiantes podrán enfrentar sanciones como suspensión temporal, detención escolar, reducción en la calificación de conducta u otras medidas disciplinarias internas.
El gobierno singapurense indicó que antes de aplicar cualquier castigo corporal, las instituciones educativas deberán evaluar diversos factores relacionados con el estudiante, incluyendo su madurez emocional y el posible impacto educativo de la sanción.
“Los centros educativos tendrán en cuenta factores como la madurez del alumno y si el castigo corporal le ayudará a aprender de su error y comprender la gravedad de lo ocurrido”, explicó el ministro.
Uno de los puntos que más ha llamado la atención es que la normativa también obliga a las escuelas a monitorear posteriormente el bienestar físico y emocional del menor sancionado.
Para ello, los estudiantes deberán recibir seguimiento psicológico y acompañamiento especializado como parte del proceso disciplinario.
Las autoridades de Singapur sostienen que la medida se basa en investigaciones sobre disciplina juvenil y desarrollo conductual.
“Este enfoque se basa en investigaciones que demuestran que los niños y jóvenes aprenden a tomar mejores decisiones cuando existen límites claros reforzados por consecuencias firmes y significativas”, afirmó Desmond Lee.
El castigo corporal no es completamente nuevo en Singapur. El país asiático mantiene desde hace décadas leyes estrictas en materia de disciplina pública y seguridad, incluyendo sanciones físicas para ciertos delitos dentro de su sistema judicial.
En el ámbito escolar, algunas instituciones ya aplicaban medidas similares bajo regulaciones internas, aunque ahora el gobierno busca unificar criterios y reforzar protocolos oficiales.
Organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos y especialistas en infancia han cuestionado históricamente este tipo de prácticas, argumentando que pueden generar consecuencias psicológicas negativas y normalizar la violencia como mecanismo de autoridad.
Pese a las críticas, sectores conservadores en Singapur respaldan la decisión y consideran que el endurecimiento disciplinario puede ayudar a reducir el acoso escolar y mejorar la conducta estudiantil en las aulas.
