Una ONG internacional advierte que el uso de la pena capital se disparó tras las protestas sociales y marca el nivel más alto en más de tres décadas.
Irán cerró el 2025 con una cifra estremecedora: al menos 1.500 personas ejecutadas, según un informe preliminar de la organización no gubernamental Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega. El dato representa el uso más intensivo de la pena de muerte registrado en ese país en los últimos 35 años y enciende las alarmas de la comunidad internacional.
Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la ONG, calificó el panorama como “muy alarmante” y advirtió que el balance aún no es definitivo. Aun así, subrayó que nunca antes, desde que la organización lleva registros sistemáticos, se había documentado una cifra tan elevada de ejecuciones en un solo año.
El informe señala que más de 700 de las ejecuciones confirmadas están relacionadas con delitos vinculados al narcotráfico, un rubro que históricamente concentra una gran parte de las sentencias capitales en la República Islámica. No obstante, IHR sostiene que la tendencia actual va más allá de la lucha contra las drogas y responde a un uso político del sistema judicial.
Los datos reflejan una escalada sostenida en los últimos años. En 2022, el número de ejecuciones superó las 500; en 2023 aumentó a unas 800; en 2024 se acercó al millar y en 2025 se rompió cualquier registro previo. Según la ONG, este repunte coincide con el periodo posterior a las protestas que estallaron tras la muerte de Mahsa Amini, la joven kurda-iraní fallecida bajo custodia policial por una presunta violación al código de vestimenta.
Para los defensores de derechos humanos, la pena de muerte se ha convertido en una herramienta de disuasión frente al descontento social. Amiry-Moghaddam sostiene que el objetivo principal de estas ejecuciones ha sido frenar nuevas manifestaciones, aunque reconoce que la estrategia no ha logrado contener el malestar ciudadano.
En los últimos días, nuevas protestas se han reportado en distintas regiones del país, impulsadas por el estancamiento económico y la presión social acumulada. En ciudades como Lordegan se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, mientras que las autoridades confirmaron la muerte de un agente en la provincia de Lorestán.
El informe de IHR vuelve a poner en el centro del debate internacional el uso de la pena capital en Irán y refuerza los llamados de organismos de derechos humanos para que se revisen las prácticas judiciales del país, en un contexto de creciente tensión social y política.
