Una nueva crisis carcelaria sacude a Venezuela luego de que cientos de privados de libertad tomaran el control parcial del Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado en el oeste del país, para denunciar presuntos actos de tortura, malos tratos y violaciones a derechos humanos dentro del penal.
La protesta ocurrió este domingo en la ciudad de Barinas, considerada simbólica dentro del chavismo por ser la tierra natal del fallecido expresidente Hugo Chávez. Videos y fotografías difundidos en redes sociales mostraron a decenas de reclusos sobre los techos de la cárcel, algunos con el rostro cubierto, mientras exhibían pancartas con mensajes como “SOS”, “No más tortura” y “Nos torturan”.
Según reportes de periodistas presentes en el sitio y organizaciones de derechos humanos, los internos incendiaron colchones y otros objetos para llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública. Las enormes columnas de humo podían observarse desde distintos puntos de la ciudad.
Familiares denuncian golpizas y aislamiento
En las afueras del penal se concentraron familiares de los reclusos, quienes aseguraron que desde hace semanas no reciben información clara sobre sus parientes.
Una de las madres presentes afirmó que su hijo permanece incomunicado desde principios de mayo y denunció supuestos abusos físicos por parte de custodios penitenciarios. También aseguró que los presos estarían siendo sometidos a castigos violentos y condiciones extremas dentro de la cárcel.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), organización que monitorea la situación penitenciaria en el país, indicó que más de 1.300 personas privadas de libertad se habrían sumado a la protesta dentro del Injuba, incluyendo hombres y mujeres recluidos en distintas áreas del centro penitenciario.
La ONG también denunció que los internos aseguran ser víctimas de requisas violentas, destrucción de pertenencias personales y agresiones constantes por parte de funcionarios del penal.
Exigen salida del director del penal
Uno de los principales reclamos de los privados de libertad es la destitución del director de la cárcel. Diversos reportes señalan que los reclusos responsabilizan a las autoridades internas de permitir presuntos abusos y restricciones severas relacionadas con alimentos, medicinas y acceso al agua potable.
Hasta el momento, el gobierno de Venezuela no ha emitido una posición oficial sobre el motín ni sobre las acusaciones realizadas por familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Mientras tanto, agentes de seguridad rodearon las instalaciones penitenciarias con equipos antimotines y escudos, en medio de un ambiente de máxima tensión.
Crisis penitenciaria vuelve al centro del debate
La situación reabre el debate sobre las condiciones carcelarias en Venezuela, cuestionadas desde hace años por organismos internacionales y agrupaciones civiles.
Diversos informes han denunciado problemas estructurales como hacinamiento, escasez de alimentos, atención médica insuficiente y retrasos judiciales que mantienen a miles de personas privadas de libertad sin sentencia firme.
En abril pasado, otro motín registrado en la cárcel de máxima seguridad Yare III dejó al menos cinco fallecidos, aumentando las alertas sobre el deterioro del sistema penitenciario venezolano.
Aunque en 2023 el gobierno venezolano lanzó operativos militares para recuperar el control de varias prisiones dominadas históricamente por organizaciones criminales conocidas como “pranes”, las denuncias por abusos y presuntas violaciones a derechos humanos continúan acumulándose.
La situación en Barinas se mantiene bajo observación mientras familiares exigen información oficial sobre el estado de salud de los internos y organizaciones humanitarias piden una investigación independiente sobre las denuncias realizadas dentro del penal.
