Nayib Bukele le da 72 horas a las telefonías para que bloquear la señal en las cárceles
‘’Las empresas de telefonía (móvil) tienen 72 horas para cortar y/o bloquear por completo la señal en los penales’’ anunció el presidente.
El Salvador le ordenó el viernes a las empresas de telefonía celular bloquear sus señales en casi una treintena de prisiones en todo el país, como parte de una estrategia para contrarrestar los altos índices de homicidios y delitos.
El gabinete de seguridad del presidente Nayib Bukele sostuvo una reunión con ejecutivos de las empresas Claro -filial de América Móvil-, Tigo, Digicel y Telefónica para «exigirles» el bloqueo de las señales de sus antenas cercanas a las cárceles, pues consideran que las órdenes de cometer delitos salen desde el interior de éstas.
Las empresas de telefonía (móvil) tienen 72 horas para cortar y/o bloquear por completo la señal en los penales. No puede ser que después de tantos años diciendo que lo estaban haciendo, hoy vienen y aceptan que no era, ni por cerca, el 100 por ciento.
Las empresas de telefonía tienen 72 horas para cortar y/o bloquear por completo la señal en los penales.
No puede ser que después de tantos años diciendo que lo estaban haciendo, hoy vienen y aceptan que no era, ni por cerca, el 100%.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 21, 2019
El Salvador atraviesa una ola de homicidios y crímenes, que entre enero y el 11 de junio ha dejado un saldo de 1.446 asesinatos, un 12 por ciento menos que el mismo período del año pasado, aunque la cifra de la policía incluye efectivos de seguridad.
En 2018, el país registró 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo, según datos de Naciones Unidas.
Las empresas de telefonía aún no bloquean la señal en los @CentrosPenales.
El plazo no es retórico. La señal de celulares y wifi debe estar bloqueada para el lunes a la media noche. pic.twitter.com/GBo10otnpB
— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 22, 2019
El presidente Bukele, que tomó posesión a comienzos de junio, lanzó esta semana un plan de seguridad con el que intenta recuperar los territorios y los reclusorios donde operan las pandillas, llamadas «maras».
La medida también incluyó el traslado de 1.041 miembros de la pandilla Barrio 18 de una cárcel a otra, con el propósito de cortarles la comunicación.