La muerte del exconcejal venezolano José Manuel García Sabino volvió a poner bajo presión al sistema penitenciario y judicial de Venezuela, luego de que organizaciones defensoras de derechos humanos confirmaran que el dirigente opositor falleció mientras permanecía detenido en instalaciones policiales del estado Anzoátegui.
La información fue divulgada por la ONG Foro Penal, que indicó que el cuerpo fue localizado dentro de los calabozos de la Policía Municipal de Anaco. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han emitido un informe oficial sobre las causas de la muerte.
El caso incrementa la preocupación de organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos, ya que, según el registro de Foro Penal, al menos 20 personas detenidas por motivos políticos han muerto bajo custodia estatal en Venezuela desde 2014.
Exconcejal había denunciado presuntos actos de corrupción
El exfiscal venezolano Zair Mundaray, actualmente exiliado, afirmó que García Sabino había realizado denuncias relacionadas con supuestos hechos de corrupción dentro de la alcaldía local, y aseguró que su arresto tenía motivaciones políticas.
De acuerdo con la información difundida por la ONG, el cuerpo fue trasladado al servicio forense en Barcelona, estado Anzoátegui, donde se realizarían las investigaciones médicas correspondientes para determinar oficialmente la causa de muerte. Sin embargo, hasta ahora no se han publicado resultados ni reportes oficiales.
La noticia surge pocos días después de otro caso que generó indignación tanto dentro como fuera de Venezuela: la confirmación tardía de la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, cuyo fallecimiento habría ocurrido meses antes sin que su familia recibiera información clara sobre su paradero.
Crece presión sobre autoridades venezolanas
Diversas organizaciones han cuestionado las condiciones de reclusión y la falta de transparencia en los procesos relacionados con presos políticos en Venezuela. El Observatorio Venezolano de Prisiones incluso pidió recientemente la destitución de funcionarios penitenciarios tras conocerse otros casos de fallecimientos bajo custodia estatal.
Actualmente, Foro Penal reporta más de 450 presos políticos en el país sudamericano, incluidos civiles y militares detenidos por razones consideradas políticas por organizaciones defensoras de derechos humanos.
En paralelo, continúan las denuncias sobre presuntas desapariciones forzadas, retrasos judiciales y limitaciones de acceso a información para familiares y abogados de personas detenidas. Algunos casos han llegado incluso a organismos internacionales y han sido mencionados en discusiones sobre derechos humanos dentro de la Organización de Estados Americanos y otras instancias multilaterales.
