México promulga polémica reforma que implanta la elección popular de todos los jueces
El presidente, cuya popularidad supera 70%, acusa al máximo tribunal de favorecer a políticos corruptos, al crimen organizado y de ser la trinchera de la oposición.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha promulgado una controvertida reforma constitucional que convierte al país en el primero del mundo en implementar la elección popular de todos sus jueces. El mandatario firmó el decreto el pasado domingo, coincidiendo con las celebraciones del Día de la Independencia, y destacó que esta medida es un paso histórico para la nación.
Según López Obrador, la elección directa de los jueces, incluidos los de la Suprema Corte, será clave para erradicar la corrupción en el poder judicial, dando ejemplo a otros países. En su mensaje, afirmó que el máximo tribunal ha protegido a políticos corruptos y al crimen organizado, al tiempo que se ha convertido en un baluarte de la oposición.
Sin embargo, esta reforma ha generado una ola de preocupaciones tanto dentro como fuera del país. Magistrados de la Suprema Corte, funcionarios en Estados Unidos y una relatoría de la ONU han advertido sobre el peligro de que esta elección directa socave la independencia judicial. Temen que los jueces puedan estar más expuestos a la manipulación política y a las influencias del narcotráfico.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su «grave preocupación» respecto a las implicaciones que la norma podría tener sobre el Estado de derecho y la independencia de los jueces en México. A pesar de estas críticas, la reforma fue aprobada por el Senado el 11 de septiembre y estipula que las elecciones para cerca de 7.000 jueces y magistrados, incluyendo unos 1.600 federales, se llevarán a cabo en 2025 y 2027. Los candidatos serán propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, garantizando una representación equitativa.
López Obrador sostiene que esta reforma es un paso necesario para mejorar la justicia en México, mientras que los críticos insisten en que podría tener graves consecuencias para la separación de poderes en el país.