La tragedia de los adolescentes detenidos y acusados de «terrorismo» en Venezuela
Pedro, un joven detenido en Venezuela por protestar contra Maduro, cuenta sus vivencias en una cárcel junto adultos.
Pedro, un adolescente de 17 años, y otros jóvenes detenidos en Venezuela han experimentado una dura realidad tras ser acusados de «terrorismo» en medio de las protestas contra la reelección del presidente Nicolás Maduro. La situación de estos adolescentes, que fueron arrestados durante una crisis poselectoral que ha generado más de 2.400 detenciones en total, ha puesto en evidencia graves violaciones a sus derechos humanos.
Pedro, cuyo nombre es ficticio por razones de seguridad, estuvo detenido durante un mes. Durante ese tiempo, fue alojado en condiciones extremadamente precarias: «Dormíamos en el piso, esposados, y sin acceso a familiares ni abogados», cuenta a la AFP. La situación se agravó cuando fue trasladado a otro centro, donde fue dejado en el suelo con las manos atadas.
El contexto de su arresto está relacionado con las protestas que estallaron después de que Maduro fuera proclamado presidente reelecto para un tercer mandato. La oposición, liderada por María Corina Machado, denunció irregularidades y alegó fraude electoral, argumentando que su candidato, Edmundo González Urrutia, había ganado con más del 60% de los votos. Estas alegaciones desataron manifestaciones en todo el país, que fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, resultando en 27 muertes y 192 heridos.
Las detenciones se llevaron a cabo bajo la premisa de capturar a los supuestos «terroristas», pero según organizaciones de derechos humanos, muchos de los detenidos, como Pedro, no estaban participando activamente en las protestas. Pedro, por ejemplo, asegura que simplemente estaba observando una manifestación pacífica cuando fue arrestado por oficiales de la Guardia Nacional, quienes lo agredieron físicamente durante la detención.
El tratamiento que recibieron estos jóvenes incluye la falta de acceso a representación legal adecuada. La mayoría de los adolescentes, incluyendo a Pedro, están defendidos por abogados asignados por el Estado, lo que limita su capacidad para obtener una defensa privada o de confianza. Según la ONG Encuentro, Justicia y Perdón, este es un patrón común para los «presos políticos» en Venezuela.
El caso de Lauriannys Cedeño, de 17 años, añade otra dimensión al sufrimiento de estos jóvenes. Arrestada el 14 de agosto tras ser acusada de enviar mensajes amenazantes por WhatsApp, Cedeño ha sido internada en un hospital bajo vigilancia policial, luego de desmayarse durante la audiencia de presentación. Aunque la denuncia inicial sobre los mensajes se desmoronó, la joven enfrenta graves acusaciones de «terrorismo» y «instigación al odio».
El futuro de Pedro, Cedeño y otros adolescentes detenidos sigue siendo incierto y lleno de temores. «Estamos viviendo en zozobra, en miedo», expresa Pedro, quien, aunque liberado, sigue temiendo por su seguridad y la de sus compañeros. La situación refleja una profunda crisis de derechos humanos en Venezuela, exacerbada por la represión gubernamental y la falta de garantías para los detenidos.