Washington acusa al régimen Ortega-Murillo de prácticas comerciales ‘irrazonables’ y alto riesgo para empresas.
Estados Unidos impondrá aranceles progresivos a Nicaragua desde 2026 tras señalar prácticas comerciales ‘irrazonables’
El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la aplicación de una serie de aranceles escalonados contra Nicaragua, medidas que entrarán en vigencia a partir de enero de 2026 y que podrían transformar significativamente la relación comercial entre ambos países. La decisión surge luego de una investigación de un año liderada por la Oficina del Representante Comercial (USTR), que concluyó que el gobierno de Daniel Ortega mantiene políticas que afectan directamente a empresas y ciudadanos estadounidenses.
Los aranceles se aplicarán únicamente a los productos que no están cubiertos por el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, lo que deja fuera de la medida a una parte importante del comercio bilateral. Sin embargo, los bienes que sí entren en esta categoría enfrentarán una ruta de incrementos sostenidos durante tres años.
Aranceles por etapas: así se aplicarán las tarifas
El esquema anunciado por la USTR establece incrementos anuales que se aplicarán de la siguiente manera:
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1 de enero de 2026: tarifa inicial de 0%, que funciona como advertencia formal.
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1 de enero de 2027: aumento al 10%.
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1 de enero de 2028: incremento al 15%.
Estas tarifas podrán acumularse con la Tarifa Recíproca actual del 18%, lo cual podría elevar significativamente los costos de exportación para Nicaragua en sectores no protegidos por el CAFTA.
Las razones detrás de la medida
La investigación de 12 meses incluyó más de 2.000 comentarios de empresas, organizaciones civiles e individuos, lo que la convierte en una de las consultas públicas más amplias en materia comercial reciente.
El informe final concluye que el gobierno Ortega-Murillo “incurre en prácticas irrazonables que afectan la competencia” y reducen la seguridad para las compañías estadounidenses que operan directa o indirectamente en Nicaragua.
Entre los señalamientos destacan:
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Explotación laboral y condiciones de trabajo consideradas desleales.
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Confiscación de propiedades pertenecientes a instituciones religiosas y entidades estadounidenses.
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Altos niveles de riesgo empresarial por decisiones arbitrarias del gobierno.
Estas conclusiones se alinean con denuncias previas de organizaciones internacionales que acusan al gobierno nicaragüense de cerrar espacios democráticos y consolidar un modelo de control familiar.
Contexto político: un régimen bajo creciente presión internacional
Daniel Ortega, de 79 años, gobierna Nicaragua de forma ininterrumpida desde 2007, tras haber dirigido el país en la década de los ochenta. Su esposa, Rosario Murillo, ha adquirido un rol cada vez más central en la estructura gubernamental, siendo nombrada copresidenta este año gracias a una reforma constitucional impulsada por el propio oficialismo.
Estados Unidos, la Unión Europea y diversos organismos de derechos humanos acusan al régimen de violaciones sistemáticas, persecución religiosa, confiscaciones arbitrarias y represión a la oposición. Los nuevos aranceles se suman a otras presiones diplomáticas y económicas aplicadas en los últimos años.
Impacto esperado en la región
Si bien el alcance directo de los aranceles se limita a productos fuera del CAFTA, analistas regionales consideran que la medida podría golpear sectores emergentes de exportación nicaragüense y, a mediano plazo, trastocar cadenas de suministro en Centroamérica.
Para Costa Rica y el resto de la región, la decisión genera un nuevo punto de tensión en un contexto ya complejo, especialmente en áreas como migración, comercio y seguridad fronteriza.
