Familia de exasesor de Bukele denuncia señales de tortura en su cuerpo
El exasesor de Bukele, quien estaba encarcelado, falleció el pasado miércoles en un hospital público mientras estaba bajo custodia del Estado.
La familia del exasesor de seguridad nacional del presidente Nayib Bukele, Alejandro Muyshondt, quien falleció mientras estaba bajo custodia del Estado, exige claridad sobre las circunstancias de su muerte, al denunciar presuntas señales de «tortura» en su cuerpo.
«Nos encontramos con una gran incertidumbre, una profunda incertidumbre sobre las circunstancias de la muerte de esta persona», declaró Lucrecia Landaverde, abogada de la familia del difunto, en declaraciones a medios locales.
Landaverde y la madre del fallecido, Patricia Álvarez, se dirigieron este viernes a una oficina fiscal en la zona sur de San Salvador en busca de documentación que certificara la muerte de Muyshondt, pero no obtuvieron resultados satisfactorios.
La abogada manifestó que el cuerpo del exasesor presentaba «múltiples hematomas» y «evidencias de que fue torturado de alguna manera», según sus observaciones.
Por su parte, Álvarez, haciendo alusión sin mencionar nombres, afirmó que su hijo fue «silenciado» y sufrió «vejámenes» comparables a los perpetrados por «Klaus Barbie», un oficial alemán durante la Segunda Guerra Mundial involucrado en crímenes de lesa humanidad.
El presidente Bukele, tras el arresto de Muyshondt en agosto de 2023, lo acusó de ser un «doble agente», alegando que había filtrado documentos clasificados y actuado en detrimento del país.
Bukele también implicó al exasesor en supuestas actividades ilícitas durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes, quien actualmente reside en Nicaragua y está protegido por el asilo político concedido por el presidente Daniel Ortega.
Es importante recordar que Bukele recientemente fue reelegido como presidente de El Salvador con una abrumadora mayoría en las elecciones de febrero, consolidando su poder con una súper mayoría en el Congreso.
En medio de la situación política, el país enfrenta una guerra contra las pandillas que ha llevado a la imposición de un estado de excepción, con denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y muertes en prisión por parte de organismos de derechos humanos.