El narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán volvió a mover fichas desde prisión. Esta vez, mediante cartas enviadas a autoridades judiciales de Estados Unidos, en las que solicita ser trasladado a México y cuestiona la legalidad de su condena.
El exlíder del Cártel de Sinaloa cumple cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Colorado, tras haber sido extraditado en 2017 luego de protagonizar dos fugas de prisiones mexicanas.
Cartas que reabren el debate
Según documentos judiciales, Guzmán envió al menos tres cartas manuscritas al tribunal del distrito este de Nueva York, donde fue condenado.
En esos escritos, redactados en inglés con errores, el exnarcotraficante sostiene que las pruebas presentadas en su contra “no fueron demostradas” y califica su sentencia como un castigo “cruel”.
Además, solicita que se le reconozca el derecho a regresar a su país de origen, aunque no detalla si busca cumplir allí el resto de su condena.
Cuestionamientos al proceso judicial
En otra de las misivas, fechada el 20 de abril, Guzmán asegura que ha intentado acceder sin éxito a documentos clave del proceso que lo llevó a prisión.
A su criterio, esos archivos evidenciarían que el veredicto en su contra no fue justo. También afirma que lleva tres años esperando una resolución sobre su apelación.
Para sustentar su reclamo, invoca derechos constitucionales de Estados Unidos, específicamente las primeras cinco enmiendas, que abarcan garantías como el debido proceso y la protección contra castigos excesivos.
Condiciones en prisión bajo la lupa
El exjefe criminal ha denunciado en varias ocasiones las condiciones de su reclusión, especialmente el aislamiento prolongado y las limitaciones para recibir visitas familiares.
Actualmente se encuentra en una de las prisiones más seguras del sistema penitenciario estadounidense, diseñada para albergar a reos considerados de alto riesgo.
Un caso con impacto internacional
El proceso contra Guzmán marcó uno de los juicios más emblemáticos contra el narcotráfico en Estados Unidos, con repercusiones tanto en la política de seguridad como en la cooperación judicial entre ambos países.
Su solicitud de traslado podría reabrir discusiones legales y diplomáticas sobre el cumplimiento de condenas de criminales extraditados, así como sobre los alcances de los acuerdos entre Estados Unidos y México en materia penal.
