Ecuador declara estado de excepción en seis provincias
En los últimos años, las bandas ecuatorianas, con nexos con la mafia albanesa y carteles de México y Colombia, se disputan a sangre y fuego las rutas y el mercado de la droga en el país.
El gobierno de Ecuador ha declarado un nuevo estado de excepción en Quito y seis provincias del país debido a un aumento de la violencia relacionada con grupos de narcotraficantes. El decreto presidencial emitido el jueves 3 de octubre de 2024 establece que la medida estará vigente por 60 días y afectará a las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro, así como la amazónica Orellana. También se aplicará en la capital, Quito, y en la localidad minera de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.
La medida, que responde a una «grave conmoción interna y conflicto armado interno», busca contrarrestar el aumento de actividades delictivas y la presencia prolongada de grupos armados organizados en estas regiones. Entre las acciones del estado de excepción, se incluye la implementación de un toque de queda de siete horas, a partir de las 10:00 p.m., en varias zonas, entre ellas Guayas, Los Ríos, Orellana y Ponce Enríquez.
Este estado de excepción no es el primero de su tipo. El presidente Daniel Noboa ya ha utilizado esta medida en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, decretando su aplicación de forma continua en diferentes provincias a lo largo del año. El uso de esta herramienta permite la suspensión de ciertos derechos, como la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio, y facilita el despliegue de militares en las calles para combatir a los grupos armados.
En enero, Noboa declaró que Ecuador enfrenta un «conflicto armado interno», lo que ha permitido la presencia constante de fuerzas militares para neutralizar las actividades de alrededor de 20 organizaciones criminales. Estas bandas, muchas de las cuales están vinculadas con mafias albanesas y carteles de México y Colombia, han provocado un aumento significativo de la violencia en el país en los últimos años, especialmente por el control de las rutas y el mercado de drogas.
El impacto de esta violencia es evidente en el dramático aumento de la tasa de homicidios, que se disparó de 6 a 47 asesinatos por cada 100,000 habitantes entre 2018 y 2023. A pesar de que el gobierno reporta una reducción del 17% en las muertes violentas en 2024 respecto al año anterior, los casos de secuestros, extorsiones y otros episodios criminales siguen afectando al país.
Esta medida se suma a los esfuerzos del gobierno para frenar la creciente influencia de los grupos narcotraficantes y reducir los niveles de violencia que han marcado los últimos años en Ecuador.