Proyecto de ley podría borrar deudas prescritas de manera automática: ¿Qué implicaría esto para los deudores?
Se busca establecer cambios significativos en el cobro de deudas comerciales en Costa Rica, como las relacionadas con tarjetas de crédito, vehículos y electrodomésticos.
Un proyecto de ley recientemente presentado en la Asamblea Legislativa busca establecer cambios significativos en el cobro de deudas comerciales en Costa Rica, como las relacionadas con tarjetas de crédito, vehículos y electrodomésticos.
La propuesta, identificada bajo el expediente 24.517 y presentada por el diputado liberacionista Francisco Nicolás Alvarado, pretende que los jueces revisen si las deudas en cuestión han prescrito antes de proceder con el cobro, eliminando así cualquier monto que ya esté prescrito del total adeudado.
Esta iniciativa legislativa propone una reforma al artículo 974 del Código de Comercio, para que la prescripción de deudas sea aplicada automáticamente por los jueces, incluso si el deudor ya ha realizado pagos. Según el texto propuesto, la prescripción podría ser invocada tanto por los acreedores como por cualquier otra parte interesada, sin que el deudor tenga que solicitarla explícitamente.
Francisco Nicolás Alvarado, el legislador que impulsa este proyecto, explicó que la intención es frenar a los acreedores que intentan cobrar deudas que ya deberían estar prescritas.
“La Defensoría de Apoyo al Deudor ha revelado que el 70% de las deudas que revisan están prescritas. Es necesario corregir esta conducta por parte de los acreedores”, afirmó el diputado.
El proyecto también subraya que el cobro judicial ha experimentado un aumento del 50% en los últimos cinco años, pasando de 536,846 casos activos en 2017 a 807,220 en 2023, lo que representa un incremento de 270,374 casos. Según los datos presentados, este crecimiento ha contribuido significativamente a la mora en la administración de justicia en el país, siendo el cobro judicial responsable de seis de cada diez casos en mora.
Con esta propuesta, se busca no solo proteger a los deudores de cobros indebidos, sino también aliviar la carga en el sistema judicial, permitiendo que los recursos se destinen a casos más prioritarios, como las pensiones alimentarias y las materias penales. Si se aprueba, la reforma podría tener un impacto considerable en la forma en que se gestionan y cobran las deudas comerciales en Costa Rica.