Ley de Empleo Público: ¿qué pasa con los días de vacaciones acumulados? Nueva ley afectará a empleados antiguos
Ley de Empleo Público: nuevo tope de vacaciones impacta a antiguos funcionarios.
Redacción
Publicado: noviembre 19, 2024
La Ley de Empleo Público, que establece un límite máximo de 20 días de vacaciones anuales para los trabajadores del sector público, ha generado repercusiones entre los empleados que ingresaron antes de su entrada en vigor. Este cambio, que forma parte de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635) y que entró en vigencia el 10 de marzo de 2023, define nuevas reglas para quienes ya formaban parte del sistema estatal.
Impacto en los derechos adquiridos
De acuerdo con un dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR-C-096-2024), los funcionarios que antes de la reforma ya contaban con un beneficio superior a los 20 días anuales conservarán su condición, pero no podrán incrementarlo en el futuro. Esto significa que aquellos empleados que acumulaban días adicionales por antigüedad, según sus convenciones colectivas, verán congelados sus beneficios.
Por otro lado, los trabajadores que aún no habían alcanzado los 20 días de descanso antes de la reforma, tampoco podrán superar ese límite, aunque anteriormente sus acuerdos laborales les permitieran acumular más días con los años de servicio.
Ejemplo práctico: el caso de Santa Ana
Este criterio fue emitido en respuesta a una consulta de la Municipalidad de Santa Ana. Según su convención colectiva, los empleados con entre cinco y nueve años de antigüedad tienen derecho a 22 días hábiles de vacaciones anuales, mientras que aquellos con más de 10 años podían disfrutar de hasta 30 días.
Conforme al dictamen, un funcionario que antes del 10 de marzo de 2023 ya hubiera acumulado 22 días de vacaciones mantendrá ese derecho. Sin embargo, si cumple 10 años de servicio después de la entrada en vigor de la ley, no podrá aumentar a 30 días como estipulaba el convenio anterior, ya que el nuevo marco legal establece el tope máximo de 20 días.
No todos alcanzan los 20 días automáticamente
La Procuraduría también aclaró que el límite de 20 días no implica que todos los funcionarios públicos tengan derecho inmediato a esa cantidad de vacaciones. En su lugar, representa el máximo que las administraciones públicas pueden otorgar. Cada institución deberá definir la cantidad exacta de días según sus normativas internas y convenios, siempre respetando este límite.
Un cambio que redefine los beneficios
El ajuste ha generado debates sobre la protección de derechos adquiridos y la necesidad de ajustes para garantizar la sostenibilidad financiera del sector público. Mientras tanto, las instituciones deberán garantizar el cumplimiento de la normativa y atender casos específicos para evitar conflictos laborales.
