Las investigaciones por narcotráfico que involucran al exmagistrado Celso Gamboa Sánchez siguen destapando capas de un caso que podría convertirse en uno de los mayores escándalos políticos y judiciales en la historia reciente de Costa Rica.
Este miércoles, el medio Crhoy.com publicó un extracto de la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos, donde se incluye una pieza clave: conversaciones grabadas entre Gamboa y al menos dos presuntos narcotraficantes en las que asegura que el gobierno tico daba acceso a cargamentos de cocaína que ingresaban por el Caribe y el Pacífico.
“La cocaína está 100% garantizada”
La información fue obtenida mediante una operación encubierta en la que participaron dos fuentes confidenciales identificadas como CS-1 y CS-2, quienes accedieron a grabar reuniones con Gamboa con la autorización previa de las autoridades estadounidenses.
El encuentro, ocurrido en San José alrededor del 20 de septiembre de 2023, fue registrado por la DEA y forma parte central del expediente presentado ante el Tribunal de Dallas, Texas.
Durante la conversación, Gamboa se habría identificado abiertamente con nombre y apellido, y les relató a sus interlocutores su historial como “excomisionado antidrogas”, así como su paso por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el Ministerio de Seguridad Pública.
Lo más comprometedor fue lo siguiente: según los documentos judiciales, Gamboa aseguró que el gobierno concedía el acceso para introducir cargamentos de droga, aunque enfatizó que el control de esa operación recaía directamente en la organización criminal (conocida como DTO, por sus siglas en inglés).
Afirmó que la recepción de la cocaína estaba “100% garantizada”, lo que sugiere un supuesto nivel de control, influencia o conocimiento privilegiado del funcionamiento interno de las instituciones encargadas de la seguridad nacional.
El trasfondo de una declaración explosiva
Aunque por ahora estas afirmaciones están dentro de una investigación preliminar en suelo estadounidense, el hecho de que hayan sido captadas en grabaciones legales y con consentimiento, les da un peso judicial importante. A su vez, plantean serias dudas sobre posibles redes de complicidad institucional que deberán ser investigadas por las autoridades costarricenses.
Estas grabaciones podrían convertirse en una prueba determinante para la solicitud de extradición de Gamboa, quien permanece bajo prisión preventiva tras rechazar su entrega voluntaria a Estados Unidos.
Además, los audios complican aún más la imagen del exfuncionario, quien ya estaba señalado por testigos de la DEA como receptor de millones de dólares mensuales por liderar operaciones de narcotráfico en la región centroamericana.
¿Y ahora qué?
El Poder Judicial costarricense deberá ahora analizar si las pruebas presentadas son suficientes para autorizar la extradición de uno de los exjerarcas más influyentes del país, mientras que el Ministerio de Justicia definirá si Gamboa continúa en un módulo de máxima seguridad mientras se resuelve su situación legal.
De comprobarse los hechos en una corte estadounidense, Costa Rica estaría ante un golpe directo a la credibilidad de su institucionalidad, y la presión pública para investigar a fondo cualquier posible red de apoyo o encubrimiento aumentará considerablemente.
La figura de Gamboa, que alguna vez ocupó altos cargos judiciales y ejecutivos, hoy enfrenta su capítulo más oscuro: acusaciones de traición al Estado, tráfico de drogas y vínculos directos con organizaciones criminales transnacionales.
