Asesor incondicional de Carlos Alvarado es uno de los investigados en operativo sobre obras viales
El economista Camilo Saldarriaga es investigado por los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Redacción
Publicado: junio 14, 2021
Uno de los más leales asesores del presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, forma parte del grupo de investigados en el caso de presunta corrupción en el manejo de obras viales por el que la Fiscalía General de la República en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron la mañana de este lunes 57 allanamientos, incluyendo Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Se trata del colombiano Juan Camilo Saldarriaga Jiménez, quien fungió como gerente de la campaña del Partido Acción Ciudadana (PAC) para las elecciones del 2018, en las que Alvarado fue el ganador. Además, Saldarriaga, quien es economista, es expresidente de la Federación Estudiantil de la Universidad de Costa Rica (FEUCR).
Walter Espinoza, director del OIJ, indicó que la investigación: “está relacionada con la presunta corrupción en temas de conservación y mantenimiento de red vial”.
Además de Casa Presidencial, el MOPT y el Conavi las autoridades judiciales realizaron allanamientos en Santa Ana, Pavas, Escazú, Heredia y Desamparados.
En las intervenciones policiales se detuvieron a los empresarios Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, de Meco y H. Solís.
El director de la Policía Judicial indicó que las autoridades tienen como objetivo detener a 19 funcionarios y a 13 particulares.
“Es un operativo conjunto y de los más importantes de los últimos meses, sumamente ambicioso y determinado por necesidad de establecer comisión de varias circunstancias de orden delictivo, entre estos delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica”, indicó Espinoza sobre el megaoperativo.
La tesis que maneja el OIJ es que la aparente malversación de fondos generó un déficit de ₡78.000 millones, en detrimento de las finanzas públicas, entre los años 2018, 2019 y los primeros trimestres del 2020 informó el periódico La Nación.
“Tenemos registrados 35 eventos delictivos, sobornos irregulares generados y gestados por empresas privadas que desarrollaron un sistema corrupto que les permitía obtener situaciones de ventaja respecto a otras empresas que podían participar”, explicó Espinoza.
