Polémica en Bolivia por la ingesta de dióxido de cloro como presunta cura contra el coronavirus
El Senado ya aprobó su producción para «prevenir y tratar el covid-19», sin embargo, el Ministerio de Salud advierte sobre todos sus efectos adversos
La polémica en torno al consumo de dióxido de cloro, ofrecido como presunto tratamiento contra el covid-19 pese a la falta de evidencias científicas, está creciendo en Bolivia. En algunas jurisdicciones, como la ciudad de Cochabamba, puede verse a muchos ciudadanos haciendo filas en farmacias para comprar el producto, desoyendo las advertencias realizadas por el Gobierno de facto de Jeanine Áñez.
«Tengo miedo. Tengo que intentarlo», señala Andrés Poma, un maestro de 34 años, citado por The Guardian. Aquel individuo es uno de los tantos bolivianos que no confían en la respuesta sanitaria del Estado: «¿Qué voy a hacer? ¿Esperar a morir en la puerta del hospital o en la puerta de mi casa?».
Legisladores del MAS incentivan el consumo regulado
En ese marco, el Senado —donde el Movimiento al Socialismo (MAS) tiene la amplia mayoría de escaños— aprobó el martes pasado un proyecto de ley que autoriza «la elaboración, comercialización, suministro y uso de la solución de dióxido de cloro para la prevención y tratamiento del coronavirus», publicó la Asamblea Legislativa Plurinacional en su portal oficial.
Según establece la normativa, la fabricación necesitará la autorización del órgano rector competente. «Los Gobiernos departamentales y municipales deberán garantizar el suministro en el sistema de salud público», añade el comunicado. Además, se determina desarrollar «campañas sobre el uso adecuado».
En esa línea, se aclaró: «Algunas personas terminan comprando este producto en el mercado negro y sin ningún tipo de regulación, por lo que debe existir una ley que controle el comercio y su producción». Así, su uso sería voluntario, y no obligatorio. Para entrar en vigencia, la ley debe contar con la revisión positiva de la Cámara de Diputados y el visto bueno de la presidenta boliviana.
Las autoridades sanitarias advierten sobre los daños en el cuerpo humano
Al día siguiente, el Ministerio de Salud emitió una serie de aclaraciones, explicando las consecuencias adversas que esto puede ocasionar: «El dióxido de cloro es una sustancia utilizada como desinfectante de superficies y blanqueador de materiales orgánicos. Su ingesta tiene diversos efectos secundarios», subrayó el Comité Científico Nacional.
Entre ellos, se destacan: «Falla respiratoria, metahemoglobinemia, prolongación del espacio QT en el electrocardiograma, hipotensión causada por deshidratación, falla hepática aguda, anemia hemolítica, vómitos, diarrea severa y trastornos hidroelectrolíticos».
De hecho, se informó que al menos diez personas ya padecieron algún tipo de intoxicación o envenenamiento por consumir esta clase de compuestos químicos, como posible prevención contra el coronavirus.
Universidades que anunciaron su producción
Mientras tanto, aumenta la disputa entre las autoridades sanitarias nacionales y médicos locales, que sí promueven su uso. De hecho, la Universidad Técnica de Oruro (UTO) anunció que iniciará la producción del dióxido de cloro para tratar al coronavirus, y cuenta con el apoyo de la Alcaldía.
#Último #ANF Gobierno Autónomo Municipal de #Oruro (GAMO), Universidad Técnica de Oruro (UTO) y Spectrolab firman un convenio para la elaboración del #dióxido de cloro. "Hemos llegado a un momento donde sentimos desesperación de no poder hacer nada", señaló el Rector de la UTO. pic.twitter.com/aanYSolfCF
— Agencia de Noticias Fides (@noticiasfides) July 6, 2020
En la ciudad de Tarija, el rector de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), Gonzalo Gandarillas, adelantó que si se aprueba la ley que fomenta la producción, la casa estudios iniciaría la elaboración a gran escala: «Hay muy buenas informaciones anteladas de los beneficios del dióxido de cloro y a cambio no hay buenas informaciones de toxicidad o efectos adversos», señaló.
Con ese marco, Bolivia reporta 59.582 contagios confirmados de covid-19, incluyendo a la jefa de Estado. Sobre los fallecidos, el número oficial es de 2.151 decesos. Así, el país plurinacional afronta la saturación del sistema sanitario y funerario, y por ello el Ejecutivo anunció en los últimos días que se iban a expropiar hospitales y cementerios para mejorar la respuesta ante la emergencia.