El sindicato atribuye una intención política al ajuste; Corte Plena analiza acciones legales y alerta por servicios esenciales.

ANEP acusa al Gobierno de presionar al Poder Judicial mediante recortes

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) elevó el tono del enfrentamiento por el presupuesto del Poder Judicial y acusó al Gobierno de aplicar una política dirigida a debilitar su capacidad operativa.

El pronunciamiento se produjo después de que el Ministerio de Hacienda comunicara una retención de ₡3.053 millones en las cuotas de gasto previstas para el segundo semestre de 2026. La cifra representa alrededor del 42% de los recursos operativos que la institución tenía disponibles para cerrar el año.

En un mensaje dirigido a las personas trabajadoras judiciales, la ANEP sostuvo que la medida podría comprometer la independencia institucional y afectar el funcionamiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y los tribunales.

El sindicato también planteó, sin aportar pruebas públicas sobre una coordinación específica, que podría existir una estrategia entre el Poder Ejecutivo y Hacienda para generar una parálisis presupuestaria. Esa afirmación corresponde a la valoración política de la organización y no a una conclusión acreditada por una autoridad administrativa o judicial.

ANEP vincula el ajuste con riesgos para la seguridad

La organización considera que reducir los recursos destinados a labores operativas tendría consecuencias que superarían el ámbito interno del Poder Judicial.

Según su posición, una menor capacidad para financiar investigaciones, operativos y procesos judiciales podría beneficiar indirectamente a estructuras vinculadas con narcotráfico y delincuencia organizada.

Las advertencias sobre las consecuencias operativas no proceden únicamente del sindicato. Autoridades judiciales han indicado que la retención alcanzaría rubros como combustible, viáticos, traducciones, peritajes, mantenimiento y traslados necesarios para atender investigaciones y audiencias.

El OIJ podría enfrentar limitaciones hacia diciembre para movilizar investigadores, atender escenas y efectuar levantamientos de cuerpos. La Fiscalía también ha señalado riesgos para contratar dictámenes técnicos y traducir documentación internacional utilizada en investigaciones complejas.

Corte Plena estudia posibles acciones legales

La disputa ya pasó de las declaraciones públicas al análisis jurídico.

Corte Plena acordó que su presidente, Orlando Aguirre, y la Dirección Jurídica revisen las acciones que podrían interponerse contra la retención comunicada por Hacienda.

Aguirre calificó la decisión como política al relacionarla con los constantes enfrentamientos entre el Gobierno y el Poder Judicial. Otros magistrados también han sostenido que el ajuste forma parte de un intento por reducir la autonomía y capacidad de respuesta de la institución.

La retención de ₡3.053 millones se suma a una reducción anterior de ₡13.242 millones aceptada por Corte Plena durante la discusión presupuestaria. Las autoridades judiciales sostienen que el nuevo ajuste recae sobre partidas que ya estaban destinadas a mantener servicios durante los últimos meses del año.

La ANEP pidió a la ciudadanía prestar atención al conflicto y afirmó que la discusión no debe reducirse a una diferencia administrativa entre instituciones.

El siguiente paso dependerá del análisis legal encargado por Corte Plena y de una eventual respuesta del Ministerio de Hacienda sobre las consecuencias señaladas por los jerarcas judiciales y por el sindicato.