La calificadora mantuvo la perspectiva estable, pero señaló presiones por seguridad social, deuda e intereses.
S&P mantiene nota BB, pero alerta por deuda con la CCSS e intereses
Costa Rica conservó su calificación soberana de largo plazo en BB y la de corto plazo en B, ambas con perspectiva estable. Sin embargo, la decisión de S&P Global Ratings llegó acompañada de advertencias sobre obligaciones de la seguridad social, una elevada carga de intereses y el limitado margen fiscal del Gobierno.
La perspectiva estable significa que la agencia considera equilibrados los factores positivos y negativos que enfrenta el país. No representa una mejora de la nota ni elimina la posibilidad de una rebaja si las finanzas públicas se deterioran durante los próximos meses.
Riesgos fiscales de Costa Rica incluyen presión de la seguridad social
Uno de los principales señalamientos se relaciona con la sostenibilidad de los sistemas de salud y pensiones administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social.
S&P indicó que estudios actuariales contemplados en su análisis proyectan que las reservas de esos sistemas podrían agotarse dentro de un periodo de cinco a diez años. Ese escenario aumentaría las obligaciones que eventualmente tendría que asumir el Gobierno.
La calificadora también identificó una posible exposición por reclamos relacionados con servicios de salud prestados anteriormente por la CCSS. El monto señalado equivale aproximadamente al 8,5% del producto interno bruto, aunque la agencia considera bajo el riesgo de que esa obligación se materialice en su totalidad.
El informe no afirma que el Gobierno deba desembolsar inmediatamente ese porcentaje. Se trata de un riesgo fiscal que S&P incorpora en sus proyecciones y cuya evolución dependerá de las negociaciones y decisiones institucionales correspondientes.
Intereses consumen cerca del 19% de los ingresos públicos
La segunda limitación se encuentra en el costo de financiar la deuda. S&P calcula que el pago de intereses absorberá alrededor del 19% de los ingresos gubernamentales, equivalente a un 4,4% del PIB.
Esa carga mantendría el déficit financiero en niveles moderadamente altos, aun cuando el país avance nuevamente hacia resultados primarios positivos. Además, reduce los recursos disponibles para otros gastos públicos y limita la capacidad de responder ante nuevas necesidades.
La agencia proyecta que la deuda neta del Gobierno general permanecerá ligeramente por encima del 60% del PIB durante los próximos cuatro años. También advierte que los atrasos en la autorización de financiamiento externo pueden aumentar la presión sobre el mercado local.
Reservas y exportaciones sostienen la perspectiva estable
El análisis también reconoce fortalezas. S&P destacó el crecimiento de las reservas internacionales, el desempeño exportador, los flujos de inversión extranjera directa y el acceso a líneas contingentes con organismos multilaterales.
La continuidad de políticas macroeconómicas prudentes y del proceso de consolidación fiscal también respaldó la decisión de mantener la calificación. La menor fragmentación legislativa podría facilitar reformas y autorizaciones de endeudamiento externo, aunque esa posibilidad dependerá de las decisiones políticas que adopte el Congreso.
El Ministerio de Hacienda afirmó que la ratificación respalda su política fiscal y su gestión de la deuda. La institución reiteró su interés en diversificar las fuentes de financiamiento e impulsar la aprobación de nuevas emisiones de eurobonos.
La calificación estable ofrece continuidad, pero el mensaje central de la agencia es que una mejora futura dependerá de reducir la rigidez presupuestaria, contener la deuda y atender las presiones asociadas con la seguridad social.
