La Policía Penitenciaria retiró y destruyó seis consolas PlayStation, videojuegos y sus respectivos accesorios que permanecían dentro del Centro Especializado para el Adulto Joven Ofelia Vincenzi Peñaranda, ubicado en San Rafael de Alajuela.
La medida forma parte de la estrategia de orden, disciplina y control impulsada por el Ministerio de Justicia y Paz, con la que se busca eliminar objetos que ya no están autorizados dentro de los centros penitenciarios.
Consolas dejaron de estar permitidas
Según informó el Ministerio de Justicia, el retiro de estos dispositivos se realizó tras la entrada en vigor de la circular DGAS-05-2026, la cual actualiza la lista de artículos permitidos para las personas privadas de libertad.
La institución explicó que los primeros permisos para ingresar consolas de videojuegos fueron otorgados en enero de 2019 y que la última autorización registrada data de octubre de 2021.
Asimismo, recordó que en enero de 2023 un grupo de privados de libertad solicitó regularizar el uso de videojuegos dentro del centro penal, petición que fue rechazada por las autoridades.
“Eso se terminó”, afirma el ministro
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, defendió la decisión y aseguró que los centros penitenciarios deben enfocarse en el cumplimiento de las condenas y en la reinserción mediante el trabajo.
“Me enteré de que los privados de libertad del Centro del Adulto Joven tenían consolas de videojuegos, televisores y pasaban ociosos. Eso se terminó. Con la nueva directriz retiramos esos aparatos y van a tener que incorporarse al plan Cero Ocio para trabajar y cumplir con su condena. Si quieren ganarse el beneficio del dos por uno, tendrán que hacerlo con trabajo, orden y disciplina”, manifestó.
Impulsan el plan “Cero Ocio”
Como parte de esta política, el Ministerio indicó que actualmente unas 50 personas privadas de libertad participan en cuatro frentes de trabajo que incluyen labores en carreteras, centros educativos y espacios públicos.
De acuerdo con la institución, estas acciones ya generan ahorros para el Estado. Entre las estimaciones oficiales se encuentran hasta ¢600 millones anuales en mantenimiento vial y un ahorro potencial de ¢17,5 millones durante la primera etapa de intervención en siete centros educativos.
El Ministerio de Justicia afirmó que continuará reforzando los controles dentro del sistema penitenciario con el propósito de eliminar privilegios que considere incompatibles con el cumplimiento de las penas, fortalecer la cultura del trabajo y mantener el orden en las cárceles del país.
