Una controversia diplomática y política se desató entre Panamá y Venezuela luego de que el alcalde de Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, afirmara que colocó dispositivos de rastreo en parte de la ayuda humanitaria enviada al país sudamericano tras el reciente terremoto y asegurara que varios de esos suministros no llegaron a la zona más afectada por la emergencia.
El funcionario panameño explicó públicamente que decidió incorporar dispositivos de geolocalización tipo AirTag en diferentes cajas con donaciones, con el propósito de verificar que la asistencia entregada por ciudadanos y voluntarios llegara efectivamente a las comunidades que la necesitaban.
Según Mizrachi, la decisión respondió al esfuerzo realizado por cientos de personas durante la recolección de alimentos, agua, pañales y otros artículos de primera necesidad.
«Lo mínimo que podía hacer era garantizar, con ayuda de la tecnología, que esas donaciones llegaran a su destino», manifestó al explicar que los dispositivos fueron colocados en diferentes paquetes antes del envío.
Días después, el alcalde aseguró que uno de los rastreadores indicaba que parte de la ayuda se encontraba en Maturín, capital del estado Monagas, y no en La Guaira, considerada una de las zonas más golpeadas por el terremoto.
De acuerdo con la información compartida por el propio funcionario, la ubicación registrada se encontraba a más de 500 kilómetros del principal punto de impacto del desastre natural, situación que levantó cuestionamientos sobre la distribución de la ayuda humanitaria.
Las declaraciones provocaron una rápida respuesta del Gobierno venezolano.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó las afirmaciones del alcalde panameño y calificó la decisión de colocar dispositivos de rastreo en las donaciones como un acto «miserable».
Durante una intervención pública, el funcionario también hizo referencia al historial judicial de Mizrachi y recordó que en 2015 fue investigado por un presunto caso de fraude contra la administración pública en Panamá.
«Todo ladrón sueña que lo están robando», expresó Cabello al cuestionar las acusaciones sobre el supuesto desvío de la ayuda.
Mizrachi permaneció varios meses detenido en aquel proceso y posteriormente recuperó su libertad tras el pago de una fianza, mientras el caso siguió su curso en la justicia panameña.
La respuesta del alcalde no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, respondió con tono irónico a las declaraciones del ministro venezolano, a quien llamó «Diosdado sin Cabello».
El alcalde insistió en que su única intención fue garantizar la transparencia en la entrega de las donaciones y aseguró que resulta injusto criticar un esfuerzo humanitario impulsado por miles de ciudadanos.
«No estamos pidiendo agradecimientos; simplemente no critiquen la ayuda», expresó Mizrachi, al defender la iniciativa y señalar que numerosas personas colaboraron con tiempo, recursos y trabajo voluntario para asistir a los afectados por el terremoto.
El episodio ha reavivado el debate sobre los mecanismos de control y trazabilidad de la ayuda humanitaria enviada durante emergencias internacionales. Organismos especializados suelen implementar sistemas de seguimiento para verificar que los suministros lleguen a los beneficiarios previstos, aunque el uso de dispositivos comerciales de geolocalización por parte de autoridades locales no es una práctica habitual.
Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han informado si realizarán una investigación sobre la distribución de los cargamentos señalados por el alcalde panameño ni han confirmado oficialmente la ubicación de las donaciones mencionadas.
