Creación de UPAD estaba en plan de gobierno de Alvarado, pero sin datos confidenciales
Antes de ser Presidente, Carlos Alvarado prometía crear la UPAD, pero nunca detalló sobre información confidencial como lo hace su decreto
El terremoto que ha sacudido a Casa Presidencial desde el pasado viernes tras la divulgación de un decreto con el que se creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) sigue trayendo consecuencias de todo tipo, luego de que iniciasen investigaciones penales en contra del Presidente de la República, Carlos Alvarado, por parte de la Fiscalía General de la República y de la Defensoría de los Habitantes.
¿Gobierno con información privada de los ticos?
Lo que más a consternado a la población, más allá de que el gobierno reconociese sus errores y derrotara el decreto, fue el artículo 7 de dicho documento, en el cual se habla de supuesta información “confidencial” en manos de instituciones públicos a la cual el gobierno tendría acceso con el propósito de “definir políticas en beneficio de la población”.
Tras todo el debate político y los innumerables cuestionamientos de la oposición y diferentes personajes políticos sobre el “secretismo” con el que había operado dicha unidad desde hace varios meses recolectando datos de los costarricenses, lo cierto es que este decreto estaba pensado por Alvarado y compañía desde hace mucho tiempo.
UPAD: una promesa cumplida que no convence
Según se desprende en la página 124 del plan de gobierno que el ahora Presidente presentó para la campaña política del 2018, la creación vía decreto de una organización para centralizar datos de interés público siempre fue uno de los propósitos de esta gestión, con el objetivo de “Reformar el estado y la eficiencia pública”.
“Emitir un decreto para crear un registro único centralizado que contenga la información ya disponible de forma dispersa en manos de la administración, en un solo sitio”, reza el documento (https://pac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Creer-y-crear-la-Costa-Rica-del-siglo-XXI-interactivo-1.pdf).
Sin embargo, lo reprochable es que ni en el plan de gobierno ni en la información brindada por el Poder Ejecutivo desde que salió a la luz esta situación se habla de algún poder para recolectar la información confidencial en una clara violación de la Ley de Protección de Datos, lo que pondría en entre dicho sus verdaderas intenciones.