El gobierno de Panamá anunció un nuevo giro en su estrategia de seguridad con la construcción de una cárcel de máxima seguridad destinada a separar y aislar a líderes de organizaciones criminales, en medio de preocupaciones por el aumento de hechos violentos y recientes incidentes dentro del sistema penitenciario.
La medida fue confirmada por el presidente José Raúl Mulino durante un discurso ante la Asamblea de Diputados, donde adelantó que también impulsará cambios en las normas carcelarias para impedir que estructuras delictivas continúen operando desde prisión.
El mandatario sostuvo que uno de los principales objetivos será evitar que cabecillas de bandas mantengan comunicación o coordinación con grupos criminales fuera de los centros penitenciarios.
«Aplicaremos medidas más estrictas para aislar completamente a quienes continúan delinquiendo desde las cárceles», señaló el presidente durante su intervención, aunque no brindó detalles sobre la ubicación o capacidad que tendría el nuevo complejo penitenciario.
El anuncio ocurre en un contexto marcado por recientes hechos que aumentaron la preocupación de las autoridades y la población. Entre ellos figura la fuga de cerca de 200 privados de libertad desde el centro penitenciario La Joyita, ubicado cerca de Ciudad de Panamá, así como el impacto generado por un ataque armado que terminó con la muerte de una niña de 10 años.
La situación también reavivó la discusión sobre las estrategias de seguridad utilizadas en distintos países de América Latina. En los últimos años, algunos gobiernos de la región han impulsado modelos de endurecimiento penitenciario inspirados en Centro de Confinamiento del Terrorismo, una de las principales medidas implementadas por Nayib Bukele dentro de su política contra las pandillas.
Mientras algunos sectores consideran este tipo de medidas como herramientas para combatir estructuras criminales, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupaciones relacionadas con las condiciones de detención y el respeto a garantías fundamentales dentro de sistemas penitenciarios de alta seguridad.
Las cifras oficiales muestran además una presión creciente sobre la infraestructura penitenciaria panameña. Actualmente el país cuenta con alrededor de 24.000 personas privadas de libertad distribuidas en cerca de veinte cárceles, pese a que la capacidad instalada ronda aproximadamente los 14.700 espacios.
Las autoridades también reportan la existencia de más de 150 grupos criminales activos, concentrados principalmente en áreas como Colón y sectores metropolitanos cercanos a la capital, donde las tasas de homicidio presentan niveles superiores al promedio nacional.
Con el anuncio, Panamá se suma a otros países de la región que buscan reforzar sus políticas de seguridad mediante nuevas infraestructuras y cambios en la administración penitenciaria.
