El Ministerio de Justicia y Paz anunció que no acatará las recomendaciones emitidas por la Defensoría de los Habitantes respecto a los privados de libertad que permanecen en el circuito de alta contención y que serán trasladados al Centro de Atención Integral para Contención del Crimen Organizado (CACCO).
La Defensoría había solicitado restituir una serie de derechos y condiciones para estas personas privadas de libertad.
Defensoría pidió restablecer visitas y acceso a programas
Entre las recomendaciones planteadas por la Defensoría se encuentran:
- Restituir las visitas generales.
- Permitir nuevamente las visitas íntimas.
- Garantizar la comunicación con familiares.
- Facilitar el acceso a programas de trabajo y educación.
El órgano defensor considera que estas medidas deben garantizarse dentro del respeto a los derechos de la población penitenciaria.
Gobierno mantiene su política penitenciaria
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, sostuvo que las recomendaciones son incompatibles con la política penitenciaria impulsada por el Gobierno.
Según el jerarca, la prioridad de la administración continuará siendo la seguridad ciudadana y el control de los privados de libertad considerados de mayor peligrosidad.
“La prioridad será la seguridad de los costarricenses, el orden en las cárceles y la protección de las víctimas”, afirmó Aguilar.
Régimen especial busca combatir el crimen organizado
El Ministerio de Justicia defendió el funcionamiento del régimen especial de alta contención al señalar que su objetivo es mantener un control más estricto sobre personas vinculadas a estructuras criminales de alto riesgo.
De acuerdo con la institución, estas medidas forman parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar al crimen organizado y fortalecer la seguridad dentro del sistema penitenciario.
