El diputado Antonio Barzuna manifestó su preocupación por posibles prácticas de ventas atadas en el mercado de financiamiento vehicular, al señalar que algunas entidades financieras estarían condicionando la aprobación de créditos a la contratación de seguros con empresas vinculadas al mismo grupo económico.
Según el legislador, esta situación podría afectar la libre competencia y limitar la capacidad de los consumidores para escoger la opción de seguro que más les convenga.
Cuestiona concentración de beneficios
Barzuna explicó que, bajo este esquema, una misma estructura empresarial podría obtener ingresos tanto por el otorgamiento del crédito como por la comercialización del seguro asociado al vehículo.
A criterio del diputado, esta práctica genera dudas sobre la transparencia del proceso y reduce las posibilidades de que los usuarios comparen distintas alternativas disponibles en el mercado.
“Una misma estructura económica termina ganando por ambos lados del negocio”, advirtió.
Defensa de los derechos de los consumidores
El legislador afirmó que dará seguimiento al tema para determinar si existen afectaciones a los derechos de los usuarios y a las condiciones de competencia dentro del sector financiero y asegurador.
Además, señaló que los consumidores deben tener la libertad de elegir la aseguradora que mejor se adapte a sus necesidades, sin que ello influya en la aprobación de un préstamo.
Llamado a revisar las prácticas comerciales
Barzuna considera que es necesario analizar si algunas condiciones impuestas en procesos de financiamiento podrían constituir mecanismos que limiten la libre elección de los clientes.
El diputado indicó que continuará recopilando información sobre estos casos y valorará las acciones que correspondan dentro de sus funciones de control político.
Debate sobre competencia en el sector financiero
Las declaraciones abren nuevamente el debate sobre las condiciones bajo las cuales se ofrecen productos financieros en Costa Rica y la importancia de garantizar mercados competitivos.
El tema podría generar futuras discusiones en el ámbito legislativo y regulatorio, especialmente en lo relacionado con la protección de los consumidores y la transparencia en la contratación de créditos y seguros.
