Una reconocida modelo y exreina de belleza costarricense se encuentra bajo investigación de las autoridades judiciales por su presunta participación dentro de la estructura financiera que, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), habría servido para ocultar y administrar bienes relacionados con la organización criminal liderada por Edwin López Vega, alias Pecho de Rata.
La mujer, de apellido Mullins y de 29 años, aparece mencionada en la documentación judicial del denominado Caso Riverside, una de las operaciones más amplias ejecutadas contra el patrimonio de la organización que, de acuerdo con las autoridades, continuó desarrollando actividades incluso después de la extradición de López Vega a Estados Unidos.
Según la información contenida en las órdenes de allanamiento, la modelo habría tenido un papel relevante dentro de la estructura como presunta testaferro, figura utilizada para colocar bienes y activos a nombre de terceros con el objetivo de dificultar el rastreo de su origen real.
Las investigaciones señalan que la mujer mantenía una estrecha relación con personas del círculo familiar y de confianza de López Vega, condición que habría facilitado su participación en la administración y resguardo de activos de alto valor económico.
De acuerdo con el expediente judicial, las autoridades sospechan que Mullins figuraba como titular o poseedora de diversos bienes patrimoniales que habrían permitido a la organización aumentar y proteger su patrimonio, presuntamente proveniente de actividades ilícitas.
La investigación también vincula a la modelo con un hombre de apellidos Vaz McLeod, quien es señalado por las autoridades como hijo de López Vega. El sujeto actualmente permanece en condición de prófugo, según confirmó el director interino del OIJ, Michael Soto.
Durante declaraciones brindadas a la prensa, Soto indicó además que las autoridades mantienen esfuerzos para ubicar a la pareja sentimental de Pecho de Rata, quien se encontraría fuera del país.
El jerarca explicó que una de las líneas de investigación apunta a movimientos realizados en Europa, particularmente en Suiza, donde presuntamente viajaban personas cercanas al entorno del líder criminal.
“Vamos a hacer las coordinaciones internacionales correspondientes”, manifestó Soto al referirse a las diligencias que podrían desarrollarse fuera de Costa Rica como parte de la investigación.
El Caso Riverside representa uno de los mayores golpes patrimoniales contra estructuras vinculadas al narcotráfico en la historia reciente del país. Como resultado de los allanamientos, las autoridades reportaron el decomiso de 84 propiedades, aproximadamente 300 cabezas de ganado y bienes valorados en más de ₡2.600 millones.
Además, el operativo dejó un saldo de 58 personas detenidas y la búsqueda activa de otros sospechosos que, según las autoridades, habrían colaborado con la organización en distintas funciones.
La operación fue coordinada por la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial en conjunto con el OIJ, movilizando cerca de 1.500 funcionarios entre agentes judiciales y cuerpos policiales.
Los allanamientos se desarrollaron en 97 puntos distribuidos en Limón, Heredia, Cartago, Alajuela y Turrialba, así como en los centros penitenciarios La Reforma y La Leticia, donde las autoridades buscan determinar cómo operaba la estructura y cuál era el alcance de su red financiera dentro y fuera del país.
